Judicial
Nueve condenados por delitos relativos al feminicidio de Karla Ayala
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador condenó este día a imputados, vinculados con el caso del feminicidio agravado en perjuicio de la agente Karla Mayarí Ayala Palacios.
El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután.
Al juicio fueron llevados trece sospechosos entre ellos quien fuere el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de eberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.
Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y 1.500 dólares; Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.
Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.
La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
