Judicial
Muere de Neumonia interna que pagaba una condena por ingresar celulares al penal
El pasado 10 de abril de este 2018, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador esperaba desarrollar una audiencia de vista pública en contra de Karla Yesenia Godoy Morán, una mujer de 33 años de edad que sería procesada por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, luego de que se le encontraran dos teléfonos celulares y un cargador en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
Luego de que fuera aplazada la audiencia por cuatar ocasión, ese martes el tribunal fue notificado que el juicio tampoco se llevaría a cabo y esta vez de manera definitiva: la originaria de Santa Ana murió tras padecer de neumonía.
La mujer, a quien se le conocía con el alias “La Gorda”, pasó sus últimos días de vida en el interior del Hospital Nacional de San Bartolo. Ella había sido ingresada el 24 de enero de este año, pero el 16 de febrero –en menos de un mes- falleció.
Formalmente el tribunal fue notificado sobre el suceso el pasado 4 de mayo por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), institución que indicó que la imputada “se encontraba inactiva por haber fallecido por el diagnóstico de neumonía aguda”.
Godoy Morán se encontraba cumpliendo una pena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión continuada y agrupaciones ilícitas. La ahora fallecida fue capturada el 22 de julio de 2008 y fue condenada dos años después por el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Ana.
Su segunda falta que la dejaría más tiempo en el penal
A la mujer, quien se dedicaba a realizar trabajos domésticos, se le podría haber alargado su estancia en la cárcel de haber sido procesada por el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, debido a que la condena oscila entre los tres y cinco años.
A las 10:00 de la mañana del 8 de febrero de 2016, unos inspectores de seguridad de la cárcel de mujeres efectuaron una ronda rutinaria en los recintos del sector “C” y cuando se acercaron a un grupo de privadas de libertad que estaban reunidas vieron los nervios de Godoy Morán.
En sus manos sostenía una bolsa de tela, por lo que los agentes le solicitaron que la entregara y fue que encontraron en su interior dos celulares y un cargador. Por ello, la mujer había cometido un delito calificado como grave.
Al día siguiente del suceso fue interpuesta la denuncia en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, en Soyapango, de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la etapa de Instrucción, la FGR tuvo 60 días para poder recolectar los elementos necesarios que permitieran fundar la acusación en contra de la santaneca.
Las labores fiscales fueron completadas, pero la infección de Godoy Morán paró el proceso rotundamente.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
