Judicial
Muere de Neumonia interna que pagaba una condena por ingresar celulares al penal
El pasado 10 de abril de este 2018, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador esperaba desarrollar una audiencia de vista pública en contra de Karla Yesenia Godoy Morán, una mujer de 33 años de edad que sería procesada por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, luego de que se le encontraran dos teléfonos celulares y un cargador en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
Luego de que fuera aplazada la audiencia por cuatar ocasión, ese martes el tribunal fue notificado que el juicio tampoco se llevaría a cabo y esta vez de manera definitiva: la originaria de Santa Ana murió tras padecer de neumonía.
La mujer, a quien se le conocía con el alias “La Gorda”, pasó sus últimos días de vida en el interior del Hospital Nacional de San Bartolo. Ella había sido ingresada el 24 de enero de este año, pero el 16 de febrero –en menos de un mes- falleció.
Formalmente el tribunal fue notificado sobre el suceso el pasado 4 de mayo por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), institución que indicó que la imputada “se encontraba inactiva por haber fallecido por el diagnóstico de neumonía aguda”.
Godoy Morán se encontraba cumpliendo una pena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión continuada y agrupaciones ilícitas. La ahora fallecida fue capturada el 22 de julio de 2008 y fue condenada dos años después por el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Ana.
Su segunda falta que la dejaría más tiempo en el penal
A la mujer, quien se dedicaba a realizar trabajos domésticos, se le podría haber alargado su estancia en la cárcel de haber sido procesada por el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, debido a que la condena oscila entre los tres y cinco años.
A las 10:00 de la mañana del 8 de febrero de 2016, unos inspectores de seguridad de la cárcel de mujeres efectuaron una ronda rutinaria en los recintos del sector “C” y cuando se acercaron a un grupo de privadas de libertad que estaban reunidas vieron los nervios de Godoy Morán.
En sus manos sostenía una bolsa de tela, por lo que los agentes le solicitaron que la entregara y fue que encontraron en su interior dos celulares y un cargador. Por ello, la mujer había cometido un delito calificado como grave.
Al día siguiente del suceso fue interpuesta la denuncia en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, en Soyapango, de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la etapa de Instrucción, la FGR tuvo 60 días para poder recolectar los elementos necesarios que permitieran fundar la acusación en contra de la santaneca.
Las labores fiscales fueron completadas, pero la infección de Godoy Morán paró el proceso rotundamente.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
