Judicial
Miembros de red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión
Al menos 34 delincuentes de una red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión mientras continúan las investigaciones, así resolvió el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana en una audiencia especial de imposición de medidas.
Los imputados son señalados de integrar cuatro grupos delincuenciales dedicados al tráfico de migrantes, según la Fiscalía General de la República y son procesados por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Lo delitos cometidos por la red son en perjuicio de 178 víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas a quienes les ofrecieron llevarlas a Estados Unidos de manera irregular.
Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando entre 14,000 y 16,000 dólares, por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.
«Al concluir la audiencia, el juez consideró que la Fiscalía presentó indicios de prueba suficientes para respaldar la existencia de los delitos y la probable participación de los acusados. Por lo tanto, ordenó que el proceso penal continúe a la fase de instrucción», informaron fuentes judiciales.
Los imputados fueron capturados el pasado 10 de octubre, además, la Fiscalía les incautó dos hoteles de playa, autos clásicos y otros inmuebles.
Entre lo decomisado están dos hoteles de playa ubicados en San Luis Talpa y La Libertad, el «Majahual Resort». Uno de los lugares que se allanó es el Hotel Argueta, ubicado en la autopista a Comalapa y próximo al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la jurisdicción de San Luis Talpa «que según las investigaciones era el lugar donde se alojaban las personas que transitaban por el país con destino hacia Estados Unidos», detallaron las autoridades.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
