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Miembros de red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión

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Al menos 34 delincuentes de una red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión mientras continúan las investigaciones, así resolvió el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana en una audiencia especial de imposición de medidas.

Los imputados son señalados de integrar cuatro grupos delincuenciales dedicados al tráfico de migrantes, según la Fiscalía General de la República y son procesados por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Lo delitos cometidos por la red son en perjuicio de 178 víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas a quienes les ofrecieron llevarlas a Estados Unidos de manera irregular.

Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando entre 14,000 y 16,000 dólares, por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.

«Al concluir la audiencia, el juez consideró que la Fiscalía presentó indicios de prueba suficientes para respaldar la existencia de los delitos y la probable participación de los acusados. Por lo tanto, ordenó que el proceso penal continúe a la fase de instrucción», informaron fuentes judiciales.

Los imputados fueron capturados el pasado 10 de octubre, además, la Fiscalía les incautó dos hoteles de playa, autos clásicos y otros inmuebles.

Entre lo decomisado están dos hoteles de playa ubicados en San Luis Talpa y La Libertad, el «Majahual Resort». Uno de los lugares que se allanó es el Hotel Argueta, ubicado en la autopista a Comalapa y próximo al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la jurisdicción de San Luis Talpa «que según las investigaciones era el lugar donde se alojaban las personas que transitaban por el país con destino hacia Estados Unidos», detallaron las autoridades.

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FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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Sujeto recibe 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida

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Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.

Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.

Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.

«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.

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