Judicial
Miembros de red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión
Al menos 34 delincuentes de una red de tráfico ilegal de personas seguirán en prisión mientras continúan las investigaciones, así resolvió el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana en una audiencia especial de imposición de medidas.
Los imputados son señalados de integrar cuatro grupos delincuenciales dedicados al tráfico de migrantes, según la Fiscalía General de la República y son procesados por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Lo delitos cometidos por la red son en perjuicio de 178 víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas a quienes les ofrecieron llevarlas a Estados Unidos de manera irregular.
Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando entre 14,000 y 16,000 dólares, por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.
«Al concluir la audiencia, el juez consideró que la Fiscalía presentó indicios de prueba suficientes para respaldar la existencia de los delitos y la probable participación de los acusados. Por lo tanto, ordenó que el proceso penal continúe a la fase de instrucción», informaron fuentes judiciales.
Los imputados fueron capturados el pasado 10 de octubre, además, la Fiscalía les incautó dos hoteles de playa, autos clásicos y otros inmuebles.
Entre lo decomisado están dos hoteles de playa ubicados en San Luis Talpa y La Libertad, el «Majahual Resort». Uno de los lugares que se allanó es el Hotel Argueta, ubicado en la autopista a Comalapa y próximo al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la jurisdicción de San Luis Talpa «que según las investigaciones era el lugar donde se alojaban las personas que transitaban por el país con destino hacia Estados Unidos», detallaron las autoridades.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
