Judicial
Más nombres de políticos salen a la luz, y Juez ordena a FGR que sean investigados por negociar con pandillas
Ampliar las investigaciones contra funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que, según las pruebas presentadas en el caso “Operación Cuscatlán”, aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros, es lo que ordenó el juez especializado de Sentencia A de San Salvador a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el comunicado de prensa, el juez estipuló en el documento que “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidentes de la República”.
Así como el David Victoriano Munguía Payés, como ministro de la Defensa; los miembros del partido ARENA, Jorge Velado y Ernesto Angulo, y “los integrantes de la red de pastores” relacionados al caso.
Asimismo, se pide también investigar a varias municipalidades del país, así como “precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos” y a “unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.
Además, la Fiscalía deberá investigar la actuación de sus autoridades “ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”.
Además, el documento cita las seis supuestas entregas de dinero por parte del partido FMLN a los pandilleros, detallando las cantidades y el momento electoral que se vivía en el país, enfatizando que «el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”
Asimismo, el documento cita la única entrega de dinero efectuada por el partido ARENA; «la entrega fue de sesenta y nueve mil dólares, en una oficina de Raúl Mijango”.
Investigaciones fiscales también revelaron que Medardo González y José Luis Merino, importantes políticos del FMLN, negociaron con pandilleros fondos de Alba Alimentos (de Alba Petróleos). Ninguno de ellos ha sido acusado.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
