Judicial
Mañana los juzgados especializados para una vida libre de violencia contras las mujeres celebraran el “Día Naranja”
Los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres celebraran este viernes, el día internacional de la no violencia contra la mujer o “Día Naranja” el cual se conmemora anualmente cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La conmemoración se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado Especializado de Instrucción y el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
Según la Jueza Especializada de Sentencia, Licda. Glenda Baires; el “Día Naranja” será una especie de apoyo simbólico que, a iniciativa de las juezas de cada sede judicial se realizará con el objetivo de visibilizar el papel preponderante de la mujer para erradicar el fenómeno de la violencia de género. Por lo que el personal de ambos juzgados realizarán el viernes 22 de noviembre, actividades alusiva, como vestirse de color naranja y dictarán charlas a los usuarios que se aboquen a las instalaciones de dichos juzgados.
La conmemoración del día dio inicio por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 y en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 54/134 el 17 de Diciembre de 1999 invitando a Gobiernos y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
Desde 2009 la ONU Mujeres lanzó la campaña “di no únete, designando el 25 de cada mes como Día Naranja, cual pretendía movilizar a la sociedad civil, activistas, gobiernos y el Sistema de la ONU para ampliar el impacto de la campaña del Secretario General y Poner Fin a la violencia contra las Mujeres. Según la ONU el objetivo es llevar puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, simbolizando un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra las niñas y mujeres.
Para la Jueza Especializada el tema de la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. Según la ley no está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
