Judicial
Mañana los juzgados especializados para una vida libre de violencia contras las mujeres celebraran el “Día Naranja”
Los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres celebraran este viernes, el día internacional de la no violencia contra la mujer o “Día Naranja” el cual se conmemora anualmente cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La conmemoración se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado Especializado de Instrucción y el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
Según la Jueza Especializada de Sentencia, Licda. Glenda Baires; el “Día Naranja” será una especie de apoyo simbólico que, a iniciativa de las juezas de cada sede judicial se realizará con el objetivo de visibilizar el papel preponderante de la mujer para erradicar el fenómeno de la violencia de género. Por lo que el personal de ambos juzgados realizarán el viernes 22 de noviembre, actividades alusiva, como vestirse de color naranja y dictarán charlas a los usuarios que se aboquen a las instalaciones de dichos juzgados.
La conmemoración del día dio inicio por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 y en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 54/134 el 17 de Diciembre de 1999 invitando a Gobiernos y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
Desde 2009 la ONU Mujeres lanzó la campaña “di no únete, designando el 25 de cada mes como Día Naranja, cual pretendía movilizar a la sociedad civil, activistas, gobiernos y el Sistema de la ONU para ampliar el impacto de la campaña del Secretario General y Poner Fin a la violencia contra las Mujeres. Según la ONU el objetivo es llevar puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, simbolizando un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra las niñas y mujeres.
Para la Jueza Especializada el tema de la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. Según la ley no está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
