Judicial
Mañana los juzgados especializados para una vida libre de violencia contras las mujeres celebraran el “Día Naranja”
Los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres celebraran este viernes, el día internacional de la no violencia contra la mujer o “Día Naranja” el cual se conmemora anualmente cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La conmemoración se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado Especializado de Instrucción y el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
Según la Jueza Especializada de Sentencia, Licda. Glenda Baires; el “Día Naranja” será una especie de apoyo simbólico que, a iniciativa de las juezas de cada sede judicial se realizará con el objetivo de visibilizar el papel preponderante de la mujer para erradicar el fenómeno de la violencia de género. Por lo que el personal de ambos juzgados realizarán el viernes 22 de noviembre, actividades alusiva, como vestirse de color naranja y dictarán charlas a los usuarios que se aboquen a las instalaciones de dichos juzgados.
La conmemoración del día dio inicio por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 y en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 54/134 el 17 de Diciembre de 1999 invitando a Gobiernos y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
Desde 2009 la ONU Mujeres lanzó la campaña “di no únete, designando el 25 de cada mes como Día Naranja, cual pretendía movilizar a la sociedad civil, activistas, gobiernos y el Sistema de la ONU para ampliar el impacto de la campaña del Secretario General y Poner Fin a la violencia contra las Mujeres. Según la ONU el objetivo es llevar puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, simbolizando un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra las niñas y mujeres.
Para la Jueza Especializada el tema de la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. Según la ley no está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
