Judicial
Juzgado rechaza petición de liberación de depósitos a plazo a nombre del exministro David Munguía Payés
Foto: Cortesía
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, rechazó liberar $113,213.88 que el exministro de Defensa David Munguía Payés tiene a su nombre en tres depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias.
Los abogados del exfuncionario plantearon al juzgado que emitiera una resolución anticipada para que su representado pudiera disponer de ese dinero, pero se denegó la petición porque es un punto que se va a conocer hasta que se haga la audiencia preparatoria que es la primera del proceso donde se deben plantear ese tipo de peticiones y donde se conocen nulidades y excepciones.
En esa diligencia también el juzgado debe resolver sobre la admisión o rechazo de las pruebas y luego convocar a la audiencia de sentencia si el expediente pasa a la siguiente etapa.
En la audiencia especial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se opusieron a la pretensión de los abogados del exministro. «El resultado se difiere para la audiencia preparatoria y cuando exista una inmediación con el elenco probatorio que es lo que viene sosteniendo representación fiscal respetar el debido proceso, son puntos que deben resolverse en la audiencia preparatoria y en el momento procesal oportuno», dijo una fiscal.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía busca que 10 cuentas bancarias, entre de ahorro y de plazo fijo, dos vehículos y dos inmuebles en San Salvador y La Libertad, por un monto $4,638,164.91 pasen al Estado.
El 20 de diciembre del año 2021, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, envió a la cárcel a Munguía Payés, tras una petición de la Fiscalía General de la República, el juez le revocó el arresto domiciliar que tenía y ordenó que lo trasladaran a un penal.
El exfuncionario en los gobiernos del FMLN está pendiente enfrentar la vista pública por el delito de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, supuestamente facilitó y avaló la tregua entre pandillas.
El exministro tiene otra causa penal en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, es el caso conocido como Centrum, donde también era procesado el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien se suicidó el pasado 21 de julio.
Este caso tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando pistolas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Por: Diario El Salvador
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
