Judicial
Inicia audiencia contra tres implicados en el homicidio de Ramón Kury
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia la audiencia preliminar contra tres empleados de la Asamblea Legislativa acusados de asesinar al dirigente del partido PCN, Ramón Kury.
Kury fue asesinado la noche del 26 de abril de 2018 en la sede de su partido, en la colonia Las Mercedes, a las inmediaciones de la colonia San Francisco en San Salvador.
Según versiones de fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque armado contra Kury, de 66 años de edad, fue perpetrado en el parqueo de la sede del partido.
En los pasillos de los juzgados, se mencionó que el exfiscal Meléndez Ruiz recibió mucho dinero para dejar el caso engavetado, y de igual forma vincularon al actual presidente de la Asamblea Legislativa, el pecenista Mario Ponce, y al secretario general Rodríguez.
Uno de los acusados, Remberto Delgado, reveló a los medios de comunicación que efectivamente Meléndez Ruiz recibió grandes cantidades de dinero para no investigar. “Pregúntenle al exfiscal general Douglas Meléndez, ¿Cuánto le dio José Luis Merino para que no lo investigara? Sé día y hora, y casa donde se reunieron”, expresó Remberto Delgado.
El entonces director de la PNC, Howard Cotto confirmó la captura de tres personas por el homicidio de Kury, ellos son Óscar Remberto Delgado Martínez, propietario del arma con que fue asesinado Kury, y quien conducía la camioneta donde huyeron los hechores, el día del homicidio; también al hermano de este Samuel Elías Delgado Navas, quien daba vigilancia.
Cotto destacó que ambos hermanos eran agentes de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignados al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez.
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El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
