Judicial
FGR busca que Sigfrido Reyes regrese al Estado $472 mil que no pudo justificar
Mediante una Audiencia Preparatoria instalada hoy por la Cámara Segunda de lo Civil de esta capital, la Fiscalía General de República busca que el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, regrese al Estado más de $470 mil que malversó cuando fungió como diputado propietario y como presidente del Parlamento. Junto a Reyes también están siendo procesados su esposa Susi Melba Rodríguez Hernández y su hijo Luis Damián Reyes.
Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción informaron que el delito por el cual deberá responder el exfuncionario y su familia es enriquecimiento ilícito.
Refieren que en el caso de Sigfrido Reyes el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hizo señalamientos en el sentido que el ex funcionario no justificó la cantidad de $359 mil en el momento de hacer su declaración patrimonial.
Dicha cantidad fue utilizada, -según la Fiscalía- para hacer depósitos bancarios y para adquirir inmuebles en proyectos habitacionales lujosos. Las investigaciones establecen además que en el tiempo que se desempeñó como presidente de la Asamblea, realizó excesivos cobros de viáticos por un monto de $99 mil.
Por su parte la esposa de Reyes Susi Melba Rodríguez Hernández también es procesada por no justificar dos irregularidades encontradas por Probidad, por un monto de $12 mil que utilizó para realizar depósitos bancarios. El hijo Luis Damián Reyes deberá responder por $700.
“En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el fiscal de la Unidad Anticorrupción.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI





