Judicial
Envían a prisión a grupo de pandilleros que participó en ataque armado contra policías en Santa Ana
El Juzgado de Paz de Texistepeque en Santa Ana envió a prisión preventiva a un grupo de pandilleros esta mañana durante la audiencia inicial. A los 10 imputados, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de cuatro delitos luego de sostener un enfrentamiento con elementos policiales.
Los delitos que se les imputan son homicidio en grado de tentativa en perjuicio de varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), portación o conducción de armas guerra, agrupaciones ilícitas y utilización u ocupacón ilegal de inmuebles.
Los imputados responden a los nombres de Nelson Saúl E., David Alberto M., Carlos Isaías S., Luis Ricardo R., Marvin Anibal B., Miguel Ángel D., Adán Alberto U., Josué Abraham U., y Edwin Daniel V.
Las autoridades confirmaron que en el enfrentamiento falleció uno de los integrantes del grupo identificado como William Josué. Mientras que Edwin Daniel resultó lesionado en el tiroteo, pero falleció posteriormente en el hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial para acreditar la existencia de los delitos, así como la posible participación de los imputados en la comisión de los ilícitos. Ante esto, el Juez decretó la continuación del proceso a la fase de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional contra ocho de los once imputados.
Los agentes policiales que participaron en el operativo también están siendo procesados por el delito de homicidio simple y lesiones en perjuicio de William Josué y Edwin Daniel, respectivamente. Durante la audiencia inicial, el juez les decretó instrucción formal sin ninguna medida.
Los dos procesos judiciales, tanto de los agentes policiales como de los presuntos pandilleros, serán enviados al Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro de la cabecera departamental, donde la Oficina Distribuidora de Procesos (ODP) les asignará un Juzgado de Instrucción para que continúe el proceso judicial contra todos los incoados por los delitos arriba mencionados.
Los hechos por los que están siendo procesados ocurrieron el pasado viernes en el caserío Las Mesitas, del cantón Cujucuyo, en Texistepeque. De acuerdo con la acusación fiscal, cuando los agentes policiales llegaron al lugar de los hechos, William Josué ingresó a la vivienda usurpada y abrió fuego contra los policías. Fue en ese momento que se generó el tiroteo que dejó como resultado dos delincuentes fallecidos y nueve capturados.
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Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
