Judicial
Envían a prisión a 22 miembros de estructura terrorista que obligaron a 7 familias de Morazán a abandonar sus casas
Un grupo de 22 integrantes de una estrucutura terrorista que operaban en varios cantones de los municipios de Chilanga y Sensembra del departamento de Morazán, se mantendrán en la cárcel porque se les acusa de obligar a siete familias a abandonar sus casas con amenaza a muerte.
En la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Sensembra, el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, ofreció suficientes elementos de probabilidad de que los imputados han participado en el delito de limitación ilegal a la libre circulación.
También son procesados por el delito de extorsión agravada por obligar a una de las familias a entregar $4,000.00 en el mes de noviembre del año 2020.
Los grupos familiares que abandonaron sus terrenos y viviendas han sido coaccionados desde el año 2017 hasta el 2020 por el grupo de terroristas.
Los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes administrativas giradas por la sede fiscal de San Francisco Gotera, en los que se encuentran: Keny Ulises Pérez Reyes, José William Ventura Cruz, Pantaleón Benítez Martínez, Juana Díaz Guevara, Valentín Vásquez Aguilar y Sebastiana Vásquez Hernández, entre otros.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
