Judicial
Envían a prisión a 22 miembros de estructura terrorista que obligaron a 7 familias de Morazán a abandonar sus casas
Un grupo de 22 integrantes de una estrucutura terrorista que operaban en varios cantones de los municipios de Chilanga y Sensembra del departamento de Morazán, se mantendrán en la cárcel porque se les acusa de obligar a siete familias a abandonar sus casas con amenaza a muerte.
En la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Sensembra, el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, ofreció suficientes elementos de probabilidad de que los imputados han participado en el delito de limitación ilegal a la libre circulación.
También son procesados por el delito de extorsión agravada por obligar a una de las familias a entregar $4,000.00 en el mes de noviembre del año 2020.
Los grupos familiares que abandonaron sus terrenos y viviendas han sido coaccionados desde el año 2017 hasta el 2020 por el grupo de terroristas.
Los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes administrativas giradas por la sede fiscal de San Francisco Gotera, en los que se encuentran: Keny Ulises Pérez Reyes, José William Ventura Cruz, Pantaleón Benítez Martínez, Juana Díaz Guevara, Valentín Vásquez Aguilar y Sebastiana Vásquez Hernández, entre otros.
Judicial
Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
