Un grupo de 22 integrantes de una estrucutura terrorista que operaban en varios cantones de los municipios de Chilanga y Sensembra del departamento de Morazán, se mantendrán en la cárcel porque se les acusa de obligar a siete familias a abandonar sus casas con amenaza a muerte.

En la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Sensembra, el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, ofreció suficientes elementos de probabilidad de que los imputados han participado en el delito de limitación ilegal a la libre circulación.

También son procesados por el delito de extorsión agravada por obligar a una de las familias a entregar $4,000.00 en el mes de noviembre del año 2020.

Los grupos familiares que abandonaron sus terrenos y viviendas han sido coaccionados desde el año 2017 hasta el 2020 por el grupo de terroristas.

Los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes administrativas giradas por la sede fiscal de San Francisco Gotera, en los que se encuentran: Keny Ulises Pérez Reyes, José William Ventura Cruz, Pantaleón Benítez Martínez, Juana Díaz Guevara, Valentín Vásquez Aguilar y Sebastiana Vásquez Hernández, entre otros.