Judicial
Diputados Interponen aviso en Fiscalía contra exfuncionarios involucrados en corrupción de sobresueldos
Diputados que integran una comisión especial presentaron este lunes avisos ante la Fiscalía contra al menos exfuncionarios, entre dos exvicepresidentes de los gobiernos de ARENA, involucrados en la corrupción de sobresueldos provenientes de Casa Presidencial en los pasados gobiernos.
Los avisos fueron interpuestos contra los exvicepresidentes Carlos Quintanilla Schmidt, Ana Vilma de Escobar, el exdirector de la Policía Nacional Civil y actual diputado de ARENA, Rodrigo Avila y Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia.
Los cuatro exfuncionarios fueron citados, recientemente, al seno de la comisión especial que investiga la corrupción de sobresueldos donde se presentó documentación que prueba su vinculación con el mecanismo de entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores utilizando fondos públicos.
La delegación legislativa, que acudió hasta la sede fiscal en la colonia La Sultana, fue encabezada Jorge Castro, presidente de dicha comisión.
“Vamos a presentar un par de avisos de un posible cometimiento de delitos”, dijo Castro, diputado de la bancada cyan antes de ingresar a la oficina fiscal.
Castro, de la bancada cyan, había advertido desde la semana pasada que tenían “los paquetes hechos de ciertos funcionarios de los que han estado” en los citatorios de la comisión legislativa y quienes han revelado información sobre la trama de corrupción del pasado.
“Hemos analizado despacio, responsablemente (el tema). Tenemos transcripciones de las declaraciones y estamos prontos a presentar un paquete (sobre el tema) en la Fiscalía General de la República”, señaló Castro.
La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, denunció este lunes en un programa de televisión que “el mecanismo de corrupción se fue heredando y cada gobierno lo iba perfeccionando a su conveniencia. Es increíble ver la cantidad de dinero que se robaron”.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
