Judicial
Condenan a 30 años de prisión para homicidas de hijo de «Aniceto Porsisoca»
El Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador condenó a 30 años de cárcel a Kevin Armando Rivera Rivera, de 22 años de edad, y Ricardo Isaías Fuentes Melgar, de 24 años, por el delito de homicidio agravado; en perjuicio del ingeniero Carlos David Álvarez Rivera.
Ambos sujetos fueron condenados en calidad de coautores del homicidio, siendo Rivera Rivera quien disparo, con la compañía de Fuentes Melgar. El primero estuvo de forma virtual en la audiencia desde el Penal de San Francisco Gotera en Morazán, ya que purga una pena por otro delito, mientras que Ricardo Fuentes, estuvo de forma presencial, puesto que fue procesado en libertad, luego de haber sido absuelto en el juicio anterior, donde se cuestionó una lesión que Fuentes sufrió en el pie en un partido de fútbol, en junio de 2014, aduciendo que no pudo haber corrido luego del hecho, y que un video no era claro.
Este juicio fue ordenado por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, luego que la Fiscalía General de la Republica apelara el fallo del Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, donde absolvió a ambos de responsabilidad penal, en diciembre de 2016.
En el desarrollo de la audiencia se presentó la declaración testimonial de un testigo de cargo, quien cuenta con régimen de protección clave “Cyborg”.
El homicidio del hijo del comediante Aniceto Porsisoca, fue cometido el 13 de abril de 2015, cuando la víctima se conducía en un autobús de la ruta 101-D, al final de la Calle Juan Pablo II. Dos sujetos se subieron al bus y comenzaron asaltar a los pasajeros, estos le dijeron “dame el celular, dame el celular”, luego la víctima le dijo “ahí está llevátelo”, y se escuchó una detonación, que fue la que le ocasionó la muerte.
La jueza ordenó entre las pruebas agregadas en esta audiencia un informe pericial solicitado a medicina legal, el cual mencionaba que la lesión sufrida por Fuentes tenía que haber sanado en ocho meses, además mencionó que la declaración del testigo, se mantuvo firme y clara desde el inicio.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
