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Con trabajos de utilidad pública pagará condena empleada de la PNC que exigía sobornos para limpiar antecedentes

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Reina Isabel Acosta, ex empleada del Departamento Jurídico de la Oficinas de Solvencias, de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, a tres años de prisión, que serán reemplazados por trabajos de utilidad pública, tras confesar que exigió sobornos a particulares a cambio de limpiar antecedentes policiales.

Acosta, fue capturada el 30 de agosto de 2017 tras una investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Ella era acusada de cometer los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada.

Durante el procedimiento de captura, la Fiscalía decomisó páginas en blanco con firma y sello de la Secretaría General de la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, Acosta es una abogada y notario que fue empleada por la Policía en el área jurídica y posteriormente fue destacada en la oficina de solvencias, donde pedía sobornos para limpiar el récord de antecedentes policiales. Es pareja sentimental del comisionado de la PNC, Rolando Elías Julián Belloso.

Acosta utilizó como socio al abogado Edgardo Molina Morales, quien se encargaba de ser el enlace entre la persona que buscaba limpiar su historial policial y la empleada policial. Este abogado también fue capturado.

Los montos que exigían oscilaban entre los $300 a $650, de acuerdo con fuentes fiscales.

Sin embargo, trascendió que las capturas de Reina Isabel Acosta y Edgardo Molina Morales se realizaron por los delitos de cohecho y falsedad, debido a una denuncia interpuesta por una víctima.

La Fiscalía concedió el beneficio del proceso abreviado a Acosta, ya que la mujer se declaró culpable de los cargos, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión, pero esta fue sustituida por trabajos de utilidad pública.

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Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego

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Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.

Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.

Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.

El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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