Judicial
Con trabajos de utilidad pública pagará condena empleada de la PNC que exigía sobornos para limpiar antecedentes
Foto de archivo
Reina Isabel Acosta, ex empleada del Departamento Jurídico de la Oficinas de Solvencias, de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, a tres años de prisión, que serán reemplazados por trabajos de utilidad pública, tras confesar que exigió sobornos a particulares a cambio de limpiar antecedentes policiales.
Acosta, fue capturada el 30 de agosto de 2017 tras una investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Ella era acusada de cometer los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada.
Durante el procedimiento de captura, la Fiscalía decomisó páginas en blanco con firma y sello de la Secretaría General de la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, Acosta es una abogada y notario que fue empleada por la Policía en el área jurídica y posteriormente fue destacada en la oficina de solvencias, donde pedía sobornos para limpiar el récord de antecedentes policiales. Es pareja sentimental del comisionado de la PNC, Rolando Elías Julián Belloso.
Acosta utilizó como socio al abogado Edgardo Molina Morales, quien se encargaba de ser el enlace entre la persona que buscaba limpiar su historial policial y la empleada policial. Este abogado también fue capturado.
Los montos que exigían oscilaban entre los $300 a $650, de acuerdo con fuentes fiscales.
Sin embargo, trascendió que las capturas de Reina Isabel Acosta y Edgardo Molina Morales se realizaron por los delitos de cohecho y falsedad, debido a una denuncia interpuesta por una víctima.
La Fiscalía concedió el beneficio del proceso abreviado a Acosta, ya que la mujer se declaró culpable de los cargos, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión, pero esta fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Archivo:
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
