Judicial
Bessy Ríos a fiscales torturados en Caso Corruptela: «Demanden a la fiscalía, fueron maltratados siendo inocentes”
“Yo personalmente les hago un llamado a los fiscales y los administrativos que demanden a la fiscalía, porque en las instalaciones de la Fiscalía fueron ustedes torturados y maltratados siendo inocentes”.
Con esas palabras, la abogada y defensora de los Derechos Humanos Bessy Ríos, aconsejó a los cuatros fiscales que recientemente fueron sobreseídos por el ente fiscal del país, tras comprobarse su inocencia en el caso “Corruptela”, el cual fue planificado, montado y ejecutado por el ahora exfiscal general, Douglas Meléndez, sobre quien pesas hoy en día más de una veintena de acusaciones cometidas durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso en mención, los fiscales fueron torturados, humillados y obligados a aceptar ser testigos criteriados por otros colegas y el mismo Douglas Meléndez.
Ríos recordó recientemente en una entrevista televisa el momento en que uno de los fiscales se comunicó con ella para comentarle el caso; sin embargo, lo que más le conmovió fue el momento en cada fiscal le relató su experiencia y le detallaron los hechos de coacción a los que fueron sometidos.
“Fueron torturados cada uno de ellos dentro de las instalaciones de la Fiscalía, cómo fueron humillados de parte de varios fiscales, incluido el primo del exfiscal Meléndez, cómo fueron maltratados, vendados paseados esposados, trasladados a oficinas que estaban recién fumigadas, donde los dejaron encerrados, recibían llamadas a media noche para dejarles mensajes terribles con sus niños y con todo eso los orillaron a tomar un criterio de oportunidad cuando ellos no habían hecho nada”, comentó la defensora de derechos humanos en El Salvador.
La abogada insiste en que la razón por la que fueron obligados a asumir delitos que no habían cometido fue para que rindieran falsos testimonios en el caso “Corruptela”, debido a que “el anterior fiscal quería sustentar un caso porque siempre quería sacar conferencias de prensa rimbombantes”, explicó.
El análisis de la abogada es que el fiscal Meléndez “se dedicó a hacer conferencias de prensa y en tener una exposición constate con la finalidad de ser reelegido, ante la imposibilidad de reelegirse trató de buscar casos que le permitieran permanecer mediáticamente, pero que mal lo que le hizo a estos fiscales y estos administrativos. Sin embargo, después de una ardua lucha que mantuvieron los fiscales junto a sus abogados finalmente fueron sobreseídos y actualmente se está a la espera que den sobreseimiento a los dos administrativos.
Ambos pasaron a la siguiente etapa del proceso debido a que “se está a la espera de cierta documentación que los fiscales que los torturaron tienen retenida”, señaló Ríos, quien agregó que en la documentación se demuestra que ellos “no tomaron una decisión porque ellos quisieran sino porque se le obligó”.
La profesional concluye que “el maltrato que ustedes recibieron merece ser castigado”, y aclaró que no se trata de una acción de venganza sino más bien de “sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
