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Gobierno presenta equipo ad hoc que estudiará reformas a la Constitución
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, presentó esta mañana a los miembros del Equipo Ad Hoc de Profesionales del Derecho que estudiará y hará propuestas de reformas a la Constitución de la República.
Fue el Presidente de la República, Nayib Bukele, quien nombró al vicepresidente como Delegado Presidencial para realizar el proceso de estudio, análisis y propuesta de todas las iniciativas que tengan como objetivo una reforma.
Ulloa recalcó que esta será una labor “transparente, limpia y con visión de futuro” y que se busca que trascienda.
Los integrantes de dicho equipo son el vicepresidente Félix Ulloa, como coordinador; Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, quien fungirá como secretario; Fabio Castillo, Manuel Ernesto Escalante y Giovanni Alberto Rosales.
Muñoz Cisneros informó que ya se sostuvo una primera reunión, en la que se llegó a dos acuerdos: la conformación del equipo de profesionales y establecer los parámetros de las actividades y los límites del estudio. Enfatizó que no serán tema de discusión aspectos como la forma de gobierno, el sistema político, los principios republicanos y democráticos, el territorio de la República y la alternabilidad inmediata del ejercicio de la Presidencia de la República.
El vicepresidente Félix Ulloa detalló que habrá disponible una plataforma electrónica para que la sociedad civil, escuelas de derecho o cualquier otra instancia puedan hacer sus propuestas, y una página web a la que se subirán todos los documentos que este equipo produzca. Además, enfatizó que las reuniones de este equipo no serán a puerta cerrada, y que la única finalidad que tienen es proponer reformas constitucionales que mejoren y actualicen la institucionalidad del Estado y su funcionamiento.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
