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Gobierno le recuerda al Legislativo que no ha completado aprobaciones y asignaciones de recursos contra el COVID-19
Aunque el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo esta mañana que ese Órgano de Estado “ha dado todos los recursos antes y durante la pandemia de COVID-19”, la realidad de los números demuestra que hay más de $800 millones que están pendientes, ya sea en fase de aprobación o en ratificación-asignación, por lo que se reitera el llamado a que se asuma con seriedad este tema, que al final no afecta al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, sino que a todos los salvadoreños.
“Les hemos dado todo lo que nos han pedido, es falso que no tengan dinero”, dijo el también diputado del PCN, quien no toma en cuenta cómo se “manosearon” los $250 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o como siguen pendientes $45 millones para el parque cafetalero del país o otros $50 millones para seguir la lucha contra el COVID-19, entre otros montos.
“Se necesitan las votaciones en la Asamblea Legislativa para poder tener acceso al dinero: la aprobación, la ratificación y la asignación presupuestaria. Los mismos medios han documentado como nos han bloqueado en este último punto con el crédito del BID, es dinero que casi perdemos porque los diputados decidieron irse de vacaciones”, recordó el jueves, en cadena nacional, el Presidente Bukele.
Un tema sensible son los $15 millones del Hospital El Salvador que están “congelados” en las cuentas del Banco Central de Reserva (BCR) porque los diputados, a más de tres semanas, siguen sin hacer la asignación presupuestaria.
El dinero se utilizará para fortalecer la atención en este centro asistencial, exitoso en la lucha contra el nuevo coronavirus, que ha logrado contenerse en las últimas semanas por las estrategias implementadas, los cercos sanitarios en varios puntos del oriente del país y la gran labor de médicos, enfermeras, laboratoristas y otros profesionales sanitarios.
Por todo esto es oportuno el llamado, sobre todo al binomio ARENA-FMLN, al diputado del PDC; Rodolfo Parker y a varios legisladores del PCN (incluyendo Mario Ponce) a que no generen una opinión pública sesgada y que hagan su trabajo de inmediato, porque al final los afectados son los salvadoreños que necesitan oportunidades de reactivación económica, atención sanitaria de calidad y que el Gobierno tenga recursos para el desarrollo nacional.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
