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Gobierno le recuerda al Legislativo que no ha completado aprobaciones y asignaciones de recursos contra el COVID-19
Aunque el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo esta mañana que ese Órgano de Estado “ha dado todos los recursos antes y durante la pandemia de COVID-19”, la realidad de los números demuestra que hay más de $800 millones que están pendientes, ya sea en fase de aprobación o en ratificación-asignación, por lo que se reitera el llamado a que se asuma con seriedad este tema, que al final no afecta al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, sino que a todos los salvadoreños.
“Les hemos dado todo lo que nos han pedido, es falso que no tengan dinero”, dijo el también diputado del PCN, quien no toma en cuenta cómo se “manosearon” los $250 millones del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o como siguen pendientes $45 millones para el parque cafetalero del país o otros $50 millones para seguir la lucha contra el COVID-19, entre otros montos.
“Se necesitan las votaciones en la Asamblea Legislativa para poder tener acceso al dinero: la aprobación, la ratificación y la asignación presupuestaria. Los mismos medios han documentado como nos han bloqueado en este último punto con el crédito del BID, es dinero que casi perdemos porque los diputados decidieron irse de vacaciones”, recordó el jueves, en cadena nacional, el Presidente Bukele.
Un tema sensible son los $15 millones del Hospital El Salvador que están “congelados” en las cuentas del Banco Central de Reserva (BCR) porque los diputados, a más de tres semanas, siguen sin hacer la asignación presupuestaria.
El dinero se utilizará para fortalecer la atención en este centro asistencial, exitoso en la lucha contra el nuevo coronavirus, que ha logrado contenerse en las últimas semanas por las estrategias implementadas, los cercos sanitarios en varios puntos del oriente del país y la gran labor de médicos, enfermeras, laboratoristas y otros profesionales sanitarios.
Por todo esto es oportuno el llamado, sobre todo al binomio ARENA-FMLN, al diputado del PDC; Rodolfo Parker y a varios legisladores del PCN (incluyendo Mario Ponce) a que no generen una opinión pública sesgada y que hagan su trabajo de inmediato, porque al final los afectados son los salvadoreños que necesitan oportunidades de reactivación económica, atención sanitaria de calidad y que el Gobierno tenga recursos para el desarrollo nacional.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a dos años de prisión, mediante procedimiento abreviado, a William Dennis Laínez Orellana, de 42 años, por el delito de estafa. La pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Durante la audiencia, ambas partes solicitaron una salida alterna. El imputado confesó haber cometido el delito y aceptó devolver el dinero estafado. La jueza ordenó que entregue a la víctima $2,500 en tres cuotas mensuales a partir de diciembre de 2025.
Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2023, cuando Laínez Orellana llegó a la vivienda de la víctima, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, y le ofreció surtir su negocio. Para ello, la presentó con una supuesta persona que otorgaba préstamos con garantía de propiedades. La víctima entregó las escrituras de su casa a cambio de $2,500.
Sin embargo, al día siguiente, el imputado entregó solo $300 y se quedó con el resto del dinero, que usó para gastos personales, según admitió en la audiencia. La víctima denunció el hecho, lo que permitió la captura de Laínez Orellana.
Wilber Alexander Medina Paredes, de 35 años de edad, es el conductor que por imprudencia atropelló a una mujer que intentaba cruzarse la calle en una zona peatonal, entre la 4ª calle Oriente y 3ª Avenida Sur, en Santa Tecla, La Libertad Sur
Este sujeto manejaba un bus de la ruta 205 que hace su recorrido de Sonsonate hacia San Salvador y viceversa.
Tiene antecedentes por:
▪️Amenazas
▪️Conducción peligrosa
Ahora será remitido por homicidio culposo.
Principal
Más de 40 empresas colocadoras de empleos serán inspeccionadas por denuncias de irregularidades
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció un despliegue nacional que involucrará a los equipos de Inspección y Previsión Social, con el propósito de regular y supervisar el funcionamiento de las agencias colocadoras en todo el país.
Según explicó el funcionario, la acción surge tras recibir múltiples denuncias de empleados afectados por empresas que no respetaban sus derechos laborales.
Muchas de estas agencias operaban sin revisión estatal, lo que provocó engaños y pérdidas económicas para la clase trabajadora.
“Nuestro compromiso es escuchar a trabajadores y empleadores y garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó Castro durante una conferencia de prensa.
El titular de Trabajo añadió que ya se ha identificado el mapa de colocadoras y reclutadoras a nivel nacional. Como parte de este operativo, serán inspeccionadas 40 empresas.
