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Fuerte operativo encabezado por el director de la PNC golpea estructura de la MS-13 en la zona oriental
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, participó la madrugada de este martes en un importante operativo en el Oriente del país contra la mara salvatrucha (MS-13), denominado “Jaguar de Piedra”.
En esta operación participaron alrededor de 450 elementos de la Policía, pertenecientes a las diferentes divisiones centrales de investigación, y golpea directamente 29 clicas dentro de esa estructura delictiva.
Con este operativo la Policía lleva tranquilidad a la población de la zona oriental del país, que ha sido extorsionada y que ha sido víctimas de homicidios, señaló el ministro de Seguridad de Rogelio Rivas.
Esto como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Presidente de la República Nayib Bukele, el cual ha dejado cifras históricas de reducción en varios delitos, entre ellos extorsión y homicidios.
El operativo dejó más de 100 personas detenidas por varios cargos en tres departamentos del Oriente. Entre las personas capturadas está el alcalde de El Tránsito, Werner Martínez, de ARENA, por el delito de homicidio.
«Junto al director de la Policía estamos trabajando no solamente en la reivindicación de todo el talento humano de la corporación policial, sino que estamos llamando paz y tranquilidad la familia salvadoreña», aseguró Rivas.
El funcionario destacó el papel del director de la corporación policial por su liderazgo en la ejecución del Plan Control Territorial. Indicó que habrá más operativos antes de que finalice el año.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
