Judicial
Exministro de Salud, Eduardo Interiano, se quiere amparar en un diagnóstico de demencia para no ser condenado de pagar por sexo con menor de edad
El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en las que se le ha detectado cáncer y demencia.
La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados padecen enfermedades mortales e incurables.
Médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) serán los encargados de verificar y constatar que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano.
El tío del actual presidente de ARENA podría evitar el juicio por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas, un caso que es llevado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor, Mario Machado, señaló que Interiano sufre de cáncer de pulmón, con probabilidades de metástasis, demencia senil y alzheimer en grado dos. Fuentes que conocen el caso agregaron que al cuadro clínico la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo dos y dislipidemia (grasa en la sangre); todos estos asociados a enfermedades de la edad.
Expertos en materia jurídica explicaron a El Salvador Times que la defensa podría apegarse al numeral cinco del artículo 18 Código Procesal penal el cual establece que se dará la oportunidad de “prescindir total o parcialmente de la persecución penal siempre y cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal”.
Las reprogramaciones del juicio
La vista pública por este caso estaba prevista a realizarse el 20 de febrero, pero se suspendió por cuarta vez debido a la salud del imputado por lo que se espera una nueva fecha para la audiencia.
La primera instalación de la audiencia estaba prevista para el 25 de julio del 2018, pero la defensa explicó no poder compadecer a por tener pendiente una audiencia con otro cliente.
El caso pasó para el 27 de septiembre de 2018, día en que se volvió a posponer, está vez porque el juez estaba en otro proceso. Nuevamente se definió para el 26 de noviembre, en esta última fecha no se presentó la representación fiscal.
El 5 de febrero del 2019 se volvió a reprogramar porque la defensa tenía una vista pública que coincidió con otro juicio.
La nueva fecha aún no ha sido definida ya que las partes involucradas se encuentran a la espera que se tengan los resultados de los análisis realizados a Interiano para decidir sobre el futuro jurídico de este.
¿Cómo inició el caso?
El caso nació luego de la audiencia preliminar celebrada contra Bessy Alejandra Gonzáles, donde una de las víctimas le manifestó al juez Sexto de Instrucción de San Salvador que había sido vendida a otras personas.
Ante la revelación, el juez ordenó a la Fiscalía que iniciara otra investigación para determinar el resto de implicados en el caso, dando como resultado la captura de Interiano quien era unos de los supuestos clientes de la red de trata que encabezaba Gonzáles.
La proxeneta fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de violación en menor e incapaz continuada, trata de persona agravada, remuneración en el delito de trata de personas, según lo informó la FGR.
Las investigaciones realizadas señalan que ella era la encargada de llevar a las víctimas con sus clientes; entre los que se encontraba Interiano quien fungió como ministro de Salud durante el periodo de 1994 a 1999.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Melvin Javier Osegueda Claros sea condenado a 20 años de prisión por acosar y agredir sexualmente a dos estudiantes.
El imputado fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada y a 4 años por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
De acuerdo con la investigación fiscal, los delitos se cometieron entre febrero y octubre de 2025, en el interior de un centro escolar del distrito de Santiago de María, Usulután. La víctimas tienen 9 y 12 años.
Según el reporte fiscal, Osegueda Claros se aprovechó de su cargo como maestro de la institución para cometer el delito.
Las agresiones sexuales fueron denunciadas por el 22 de octubre de 2025 lo que permitió que la FGR iniciara el proceso penal.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
