Judicial
Estudiante que denunció a pandilleros por quererlo forzar a entrar a la Mara, fue asesinado por los mismos pandilleros
Por denunciar a un pandillero que lo acosaba para que fuera miembro de la estructura criminal, un joven estudiante fue asesinado en Santo Tomás zona estos mismos criminales asesinaron a un despachador de buses de la ruta 21 que denunció a un colaborador de ellos que trabajaba para otra ruta.
Un pandillero que participó en múltiples crímenes decidió confesar en un proceso judicial contra 23 de sus compinches, a cambio este recibió una serie de beneficios para que su condena no fuera tan severa.
Según el delator, Javier de León Rivera era un estudiante que antes de ser parte de la estructura criminal prefirió dedicarse al estudio y a trabajar con su familia para salir a adelante. Algo que lo condenó a muerte.
El joven habría intentado esquivar a toda costa el acoso de sus “amigos” quienes cada vez que se lo encontraban en la calle le recordaban la oferta para que se convirtiera en un colaborador de ellos.
El acoso ya era demasiado y de León decidió interponer una denuncia contra los delincuentes, algo que no fue del agrado de la pandilla. Por algún medio estos se enteraron de la queja y decidieron cobrar venganza de la única manera que sabían.
Luego de una deliberación Víctor Manuel A., alias el “Ganster”, Alirio Perfecto Q., alias “Gallo”, y otros dos criminales acorralaron al joven que fue privado de libertad y trasladado a una zona alejada de la gente.
Con cintas de zapatos y los cinchos que portaban, los delincuentes comenzaron a asfixiar al joven que intentó soltarse para salvar su vida, pero las cuerdas se estrechaban impidiéndole poder respirar. Los sujetos apretaban cada vez más y más hasta que la mirada del joven se desvaneció.
El cadáver del estudiante fue metido en un saco y trasladado en un taxi robado hasta Ilopango para dejarlo abandonado sobre un promontorio de basura y antes de irse le asentaron varias detonaciones en varias partes del cuerpo.
La muerte de Santiago
Para enero de 2016, Santiago Sánchez, un despachador de la ruta 21, terminó con varios disparos en su cuerpo luego de haber denunciado a un empleado de otra unidad de buses en Santo Tomás.
Según lo declarado por el testigo criteriado del caso, los delincuentes sospechaban que él había sido el responsable de entregar a la Policía a uno de sus colaboradores que trabajaba en cubierto en la ruta 37, que hace su recorrido de ese mismo municipio hasta San Salvador.
El detenido era el encargado de comunicar todos los movimientos extraños de las autoridades o de una persona extraña al lugar. Al quedarse sin su vigía y para demostrar su poderío, convocaron a una nueva reunión donde acordaron matarlo.
A bordo de un carro se aproximaron hasta donde estaba Santiago, sacaron sus armas y sin esperar mucho tiempo soltaron una ráfaga de disparos que terminaron inmediatamente con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y bajo el sol abrazador del medio día de Santo Tomás.
Los relatos de estos dos casos y de otros delitos son la pieza clave que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra la estructura criminal que tiene a algunos de sus integrantes purgando penas por otros delitos cometidos.
Mientras el criteriado iba narrando los hechos de los que fue participe, varios de los imputados se echaban carcajadas y otros movían la cabeza de un lado a otro como muestra de inconformidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” dará a conocer este lunes el fallo en contra de los pandilleros para los que se ha solicitado condenas de hasta 150 años por los delitos de privación de libertad, homicidio agravado, robo agravado y organizaciones terroristas.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
