Judicial
Estudiante que denunció a pandilleros por quererlo forzar a entrar a la Mara, fue asesinado por los mismos pandilleros
Por denunciar a un pandillero que lo acosaba para que fuera miembro de la estructura criminal, un joven estudiante fue asesinado en Santo Tomás zona estos mismos criminales asesinaron a un despachador de buses de la ruta 21 que denunció a un colaborador de ellos que trabajaba para otra ruta.
Un pandillero que participó en múltiples crímenes decidió confesar en un proceso judicial contra 23 de sus compinches, a cambio este recibió una serie de beneficios para que su condena no fuera tan severa.
Según el delator, Javier de León Rivera era un estudiante que antes de ser parte de la estructura criminal prefirió dedicarse al estudio y a trabajar con su familia para salir a adelante. Algo que lo condenó a muerte.
El joven habría intentado esquivar a toda costa el acoso de sus “amigos” quienes cada vez que se lo encontraban en la calle le recordaban la oferta para que se convirtiera en un colaborador de ellos.
El acoso ya era demasiado y de León decidió interponer una denuncia contra los delincuentes, algo que no fue del agrado de la pandilla. Por algún medio estos se enteraron de la queja y decidieron cobrar venganza de la única manera que sabían.
Luego de una deliberación Víctor Manuel A., alias el “Ganster”, Alirio Perfecto Q., alias “Gallo”, y otros dos criminales acorralaron al joven que fue privado de libertad y trasladado a una zona alejada de la gente.
Con cintas de zapatos y los cinchos que portaban, los delincuentes comenzaron a asfixiar al joven que intentó soltarse para salvar su vida, pero las cuerdas se estrechaban impidiéndole poder respirar. Los sujetos apretaban cada vez más y más hasta que la mirada del joven se desvaneció.
El cadáver del estudiante fue metido en un saco y trasladado en un taxi robado hasta Ilopango para dejarlo abandonado sobre un promontorio de basura y antes de irse le asentaron varias detonaciones en varias partes del cuerpo.
La muerte de Santiago
Para enero de 2016, Santiago Sánchez, un despachador de la ruta 21, terminó con varios disparos en su cuerpo luego de haber denunciado a un empleado de otra unidad de buses en Santo Tomás.
Según lo declarado por el testigo criteriado del caso, los delincuentes sospechaban que él había sido el responsable de entregar a la Policía a uno de sus colaboradores que trabajaba en cubierto en la ruta 37, que hace su recorrido de ese mismo municipio hasta San Salvador.
El detenido era el encargado de comunicar todos los movimientos extraños de las autoridades o de una persona extraña al lugar. Al quedarse sin su vigía y para demostrar su poderío, convocaron a una nueva reunión donde acordaron matarlo.
A bordo de un carro se aproximaron hasta donde estaba Santiago, sacaron sus armas y sin esperar mucho tiempo soltaron una ráfaga de disparos que terminaron inmediatamente con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y bajo el sol abrazador del medio día de Santo Tomás.
Los relatos de estos dos casos y de otros delitos son la pieza clave que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra la estructura criminal que tiene a algunos de sus integrantes purgando penas por otros delitos cometidos.
Mientras el criteriado iba narrando los hechos de los que fue participe, varios de los imputados se echaban carcajadas y otros movían la cabeza de un lado a otro como muestra de inconformidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” dará a conocer este lunes el fallo en contra de los pandilleros para los que se ha solicitado condenas de hasta 150 años por los delitos de privación de libertad, homicidio agravado, robo agravado y organizaciones terroristas.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
