Nacionales
Disolución del GRP fue planificada seis meses antes de la desaparición de agente Carla Ayala
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, explicó que desde hace más de seis meses se comenzó a planificar la disolución del Grupo de Reacción Policial (GRP) y que los hechos suscitados en diciembre solo aceleraron la decisión.
«Lo que pasó en la fiesta en sede del GRP incidió en eso, aceleró la reflexión y modificamos todo, esperando tener buenos resultados», explicó el jefe policial quien remarcó que la decisión no fue repentina.
De acuerdo a lo explicado por Cotto, para la actual dirección “más allá del elemento marca y el nombre con el escudo, era poco conveniente que se tuvieran varios contingentes que hicieran la misma operación”.
Cotto agregó que la idea con los Jaguares es unificar mandos para “un mejor control y mando, esa es la razón por la cual se sumó en una sola dirección a las unidades policiales que realizan el trabajo”.
Cotto también destacó las primeras acciones realizadas por la nueva unidad élite de la corporación señalando que “antier en horas de la tarde estábamos presentando la UTEP y en la tarde estaban jugando un papel operativo crucial y es de reconocer el trabajo que se ha hecho”.
Sobre la postura mostrada por la madre de la agente desaparecida en la fiesta policíal a finales de diciembre de 2017 –y que determinó la desaparición del GRP- Cotto dijo que era comprensible pero que siguen trabajando para dar con ella.
“Es comprensible la manifestación de la madre -que muestra inconformidad con las investigaciones- pero estamos trabajando en la investigación para esclarecer el caso”, insistió.
Cotto fue el invitado de esta mañana de la entrevista de noticiero Hechos de canal 12.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
