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Disolución del GRP fue planificada seis meses antes de la desaparición de agente Carla Ayala
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, explicó que desde hace más de seis meses se comenzó a planificar la disolución del Grupo de Reacción Policial (GRP) y que los hechos suscitados en diciembre solo aceleraron la decisión.
«Lo que pasó en la fiesta en sede del GRP incidió en eso, aceleró la reflexión y modificamos todo, esperando tener buenos resultados», explicó el jefe policial quien remarcó que la decisión no fue repentina.
De acuerdo a lo explicado por Cotto, para la actual dirección “más allá del elemento marca y el nombre con el escudo, era poco conveniente que se tuvieran varios contingentes que hicieran la misma operación”.
Cotto agregó que la idea con los Jaguares es unificar mandos para “un mejor control y mando, esa es la razón por la cual se sumó en una sola dirección a las unidades policiales que realizan el trabajo”.
Cotto también destacó las primeras acciones realizadas por la nueva unidad élite de la corporación señalando que “antier en horas de la tarde estábamos presentando la UTEP y en la tarde estaban jugando un papel operativo crucial y es de reconocer el trabajo que se ha hecho”.
Sobre la postura mostrada por la madre de la agente desaparecida en la fiesta policíal a finales de diciembre de 2017 –y que determinó la desaparición del GRP- Cotto dijo que era comprensible pero que siguen trabajando para dar con ella.
“Es comprensible la manifestación de la madre -que muestra inconformidad con las investigaciones- pero estamos trabajando en la investigación para esclarecer el caso”, insistió.
Cotto fue el invitado de esta mañana de la entrevista de noticiero Hechos de canal 12.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
