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Datos de conductores ebrios ya son “alarmantes”, afirma el director del Instituto de Toxicología
En la primer conferencia de prensa de Protección Civil para informar del inicio del Plan Belén 2019, las autoridades informaron que ya se tiene un «Top Ten» de conductores que han sido detenidos manejando con los efectos del alcohol, el décimo lugar lo ocupa una persona con 321 grados de alcohol en sangre y el primer lugar lo ostenta otro con más de 900 grados.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo Cook, catalogó como «alarmantes» los resultados que se tienen en materia de conductores peligrosos, ya que este año hay 400 conductores detenidos más que el año pasado, solo el día de ayer fueron capturados 30 personas.
Informó que el «Top Ten» que se maneja en los primeros días de la época navideña hay personan que niveles extremadamente altos de alcohol. «Hemos encontrado a personas con más de 900 grados y manejando, es alarmante. El top va desde los 321 grados el número 10 y hasta arriba de 500, donde hay cuatro personas», dijo Cook. Una de esas cuatro personas es la que se detuvo con más de 900 grados.
Cook explicó que los nuevos marcadores que tienen para medir el nivel de alcohol de las personas solo arrojan datos exactos por debajo de los 500 grados, ya que «los libros de medicina indican que por arriba de los 500 la persona debería de estar muerta». La mayor parte de los conductores ebrios han sido detectado cerca de centros recreativos, como parques acuáticos, playas, lo que aumenta el riesgo de un accidente fatal.
Por su parte, Protección Civil informó que para el período de las fiestas habrá 104 puestos de control antidoping, dos unidades aéreas, controles móviles de la Policía Nacional Civil (PNC). Así como 29 seccionales de Comandos de Salvamento, 16 de Cruz Verde y 63 de Cruz Roja, siempre a nivel nacional.
En los 30 capturados del día de ayer, dijo, hay una mujer que manejaba con 122 milígramos de alcohol en la carretera que conduce a Acajutla, el resto de los conductores han sido hombres.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
