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Continúa distribución de paquetes alimentarios para aliviar la economía de los salvadoreños
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue garantizando la seguridad alimentaria de las familias salvadoreñas, mientras su economía se recupera luego de las afectaciones por la pandemia de COVID-19. Este martes 2 de marzo, los paquetes alimentarios fueron entregados casa por casa a las familias que residen en los municipios de San Luis Talpa, San Juan Talpa y Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.
Los paquetes alimentarios entregados a las familias forman parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), creado por el Gobierno para atender las necesidades de la población ante la crisis ocasionada por COVID-19 y los estragos causados durante las pasadas emergencias por tormentas.
La entrega de este beneficio inició en mayo del año pasado y ha beneficiado a millones de familias. La ayuda es un paliativo para la economía familiar, sobre todo, para las de mayor vulnerabilidad.
Al no poder salir a trabajar, debido el cierre de las actividades económicas como medida para evitar un crecimiento en la cantidad de contagios de COVID-19, los salvadoreños que se dedican a la venta en el sector informal de la economía, vieron disminuidos sus ingresos.
Mientras las familias recobran la estabilidad económica que tenían, el Gobierno continuará brindando el apoyo, destinando una parte de los impuestos que ingresan al Estado para que las familias tengan asegurada la alimentación.
Los alimentos entregados gratis por el Gobierno son de la canasta básica, aceite, frijoles, arroz, leche, pastas, entre otros esto les ha permitido alimentos en la mesa durante varios días.
Las personas beneficiadas con los alimentos expresan alegría cuando les entregan la caja del PES porque saben que son productos que sino se los donaran tuvieras que comprarlos con su dinero. Este ahorro de recurso pueden ocuparlo para satisfacer otras necesidades.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
