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ATENCIÓN: Juzgado emite difusión roja contra Mauricio Funes y otros

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La difusión roja fue ordenada contra los seis procesados en el caso «Corruptela» en el que está involucrado el ex presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien está acusado de cohecho activo.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República fue quien ordenó la difusión roja para la búsqueda y ubicación de los procesados.

La difusión roja es contra Funes, al igual que contra los prófugos Aldo Vinicio Parducci Meléndez, José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Rais Flores, Francisco José Paredes Valladares y Edgar Isaías Márquez Argueta.

En el caso de Parducci está acusado por cohecho activo y falsedad ideológica; mientras que Rais López y Rais Blanco por cohecho activo, y los exfiscales Parada y Márquez por omisión en la investigación y falsedad documental agravada.

La difusión roja ha sido notificada a la Interpol en El Salvador, para que esta oficina realice los trámites correspondientes ante los 190 países miembros.

En el denominado caso “Corruptela” son procesados  30 imputados a quienes Fiscalía General de la República (FGR) acusa de diversos delitos en perjuicio de la administración pública, la administración de justicia, la fe pública, el orden socioeconómico y de los derechos y garantías fundamentales de los señores Mario Calderón y René Medrano.

Supuestamente los hechos fueron cometidos cuando Luis Antonio Martínez fungió como Fiscal General de la República, durante el período del 4 de diciembre de  2012 al 3 de diciembre del 2015.

Al parecer el exfiscal Martínez, quien es el único que guarda prisión por este caso, recibió dádivas o ventajas económicas de parte de Aldo Vinicio Parducci, esto con el fin de obtener una otorgación de un contrato de arrendamiento de inmueble en donde funcionaría como archivo de la FGR. Parducci entregó a Martínez la cantidad de 220 mil dólares simulando un préstamo con garantía hipotecaria.

En otro caso  el ex presidente de la República Mauricio Funes otorgó dádivas al exfiscal Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos: de la presa El Chaparral y la Tregua. Presuntamente habría recibido de parte del exmandatario cinco vehículos y sobresueldo hasta por 15 mil dólares.

Así también los  imputados Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais habrían proporcionada al exfiscal 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que ellos estaban en calidad de demandados y promoviendo seis casos penales contra terceras personas.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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