Judicial
ATENCIÓN: Juzgado emite difusión roja contra Mauricio Funes y otros
La difusión roja fue ordenada contra los seis procesados en el caso «Corruptela» en el que está involucrado el ex presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien está acusado de cohecho activo.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía General de la República fue quien ordenó la difusión roja para la búsqueda y ubicación de los procesados.
La difusión roja es contra Funes, al igual que contra los prófugos Aldo Vinicio Parducci Meléndez, José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Rais Flores, Francisco José Paredes Valladares y Edgar Isaías Márquez Argueta.
En el caso de Parducci está acusado por cohecho activo y falsedad ideológica; mientras que Rais López y Rais Blanco por cohecho activo, y los exfiscales Parada y Márquez por omisión en la investigación y falsedad documental agravada.
La difusión roja ha sido notificada a la Interpol en El Salvador, para que esta oficina realice los trámites correspondientes ante los 190 países miembros.
En el denominado caso “Corruptela” son procesados 30 imputados a quienes Fiscalía General de la República (FGR) acusa de diversos delitos en perjuicio de la administración pública, la administración de justicia, la fe pública, el orden socioeconómico y de los derechos y garantías fundamentales de los señores Mario Calderón y René Medrano.
Supuestamente los hechos fueron cometidos cuando Luis Antonio Martínez fungió como Fiscal General de la República, durante el período del 4 de diciembre de 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Al parecer el exfiscal Martínez, quien es el único que guarda prisión por este caso, recibió dádivas o ventajas económicas de parte de Aldo Vinicio Parducci, esto con el fin de obtener una otorgación de un contrato de arrendamiento de inmueble en donde funcionaría como archivo de la FGR. Parducci entregó a Martínez la cantidad de 220 mil dólares simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
En otro caso el ex presidente de la República Mauricio Funes otorgó dádivas al exfiscal Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos: de la presa El Chaparral y la Tregua. Presuntamente habría recibido de parte del exmandatario cinco vehículos y sobresueldo hasta por 15 mil dólares.
Así también los imputados Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais habrían proporcionada al exfiscal 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que ellos estaban en calidad de demandados y promoviendo seis casos penales contra terceras personas.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
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Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
