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Asamblea inicia hoy el estudio de nueva ley que transformará el sistema de transporte terrestre
La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.
El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.
Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.
La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.
Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.
Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.
Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación».
En su artículo 40, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que los empresarios estarán «obligados a brindar el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios y la protección del medio ambiente».
Una de las quejas que la población expresa frecuentemente en redes sociales es en contra de los empresarios del transporte público porque los buses y microbuses que prestan el servicio están en mal estado, y además generan grandes cantidades de humo que contaminan el medio ambiente.
El proyecto de ley propone también que se instalen en los buses y los microbuses cámaras de seguridad, un gobernador de velocidad (para regular la velocidad máxima del automotor) y que se adopte el sistema de caja única y la tarifa electrónica. La DMOV definirá el plazo en que estos cuatro requisitos entrarán en vigencia.
«Para el cobro de la tarifa autorizada al usuario, deberá utilizarse un sistema electrónico que automatice el cobro de la misma», determina la nueva normativa, la cual -al igual que la vigente- establece que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros serán por 10 años, prorrogables.
En diciembre del año pasado, la nueva Asamblea Legislativa extendió hasta diciembre de 2022 el pago del subsidio a los transportistas, pero mandató que los empresarios iniciaran con la mejora en las unidades, a fin de brindar un mejor servicio a la población.
El otro tema que aborda la nueva ley son las multas. Por las faltas leves ya no se pagará $11.43, sino $50; las graves pasarán de $34.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.
Actualmente, la esquela por la falta muy grave de conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes es de $57.14, pero el proyecto de ley propone que sea de $150. Con este monto también serán multados los conductores que se nieguen a ser sometidos a exámenes antidoping para determinar si manejan bajo la ingesta de algún estupefaciente.
La falta muy grave por conducir haciendo uso del celular u otro dispositivo de comunicación será sancionado con $150; actualmente, la esquela es de $57.14. La falta grave por bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas ya no será multada con $34.29, sino con $100. La falta leve por hacer giro en «U» en lugares donde no es permitido ya no será infraccionado con $11.43, sino con $50.
José Urbina, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de obras públicas, informó ayer que los motoristas del transporte colectivo que acumulen varias infracciones se les decomisará la licencia y será devuelta hasta que paguen las esquelas.
Para supervisar y controlar el cumplimiento de la nueva normativa será creada una Inspectoría General, que estará adscrita a la DMOV, y que también será la encargada de vigilar y supervisar a las escuelas y las examinadoras de manejo, los centros de emisión de gases y los talleres mecánicos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
