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Ante acusaciones difundidas por Javier Simán, ministro de Trabajo defenderá al país en OIT
Javier Simán no solo ha exigido a Estados Unidos que le impongan sanciones a El Salvador, en Washington D.C., sino que además ha hecho acusaciones infundadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el simple motivo de que se le descubrió evasión fiscal millonaria de una de sus empresas.
Beneficiado por los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y por el juez Antonio Durán -quien lo exoneró totalmente-, Simán fue librado de pagar al Estado $5.3 millones mientras la gran mayoría de salvadoreños paga sus impuestos.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, expondrá ante OIT la relación del país con el sector empresarial salvadoreño y responderá ante las quejas expresadas por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también por una supuesta marginación como representante de esa gremial por parte del Gobierno. Muchos empresarios, que piden reserva de sus nombres, afirman que nunca estuvieron de acuerdo en que Simán se tomara la gremial.
En tal sentido, también el ministro desmintió a los rotativos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo que en sendas publicaciones aseveran que el Gobierno está siendo enjuiciado en la OIT por presunto acoso al empresario, señalado de evasión fiscal a través de una de sus empresas, por más de $5 millones. Luego de ser favorecido por el sistema de jueces y los anteriores magistrados, Simán, para no pagar, ha recurrido a diversos mecanismos internacionales con el fin de justificar su no pago.
«Estamos en la lista de gobiernos llamados a proporcionar información a la Comisión de Aplicación de Normas. No es un juicio, ni estamos condenados como país. No estamos en lista negra. No mientan, Prensa Gráfica y El Mundo, lo qué hay es una queja de ANEP, donde ellos aducen que no reconocemos a Simán y este mismo dice que se siente perseguido», explicó Castro, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, cede del organismo.
Castro dijo que explicará ante la OIT cómo está la relación del Gobierno con la ANEP y sobre el proceso judicial que enfrenta Simán por evasión de impuestos, la cual no tiene nada que ver con las relaciones oficiales de la administración del Presidente Nayib Bukele con la gremial empresarial.
«Vamos a aclarar como Estado ante OIT, que una cosa es el proceso penal sobre sus empresas que se investigan por evasión de impuestos y otra cosa es su representación en la Anep», explicó Castro a través de su cuenta de Twitter.
El ministro dijo que el gobierno salvadoreño dejará claro ante el organismo que son dos cosas diferentes, la persecución del delito fiscal en empresas propiedad de Simán y otra diferente es la relación con la representación gremial.
«El diálogo siempre ha estado, lo que cambió es la dinámica debido al COVID-19, el convenio de OIT es el 144, viene la parte en donde demostraremos con pruebas y evidencias que ambas cosas son distintas y que no es justo que se utilice una gremial para defender actos que riñen con la ley».
Además de la evasión de impuestos por la que se indaga a empresas de Simán, el empresario ha sido un activo y frecuente financista del partido Arena, que acumula un largo historial de casos de corrupción relacionados con diputados, exfuncionarios de gobierno, ex alcaldes y otros miembros del instituto político de derecha.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
