Nacionales
Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, utiliza planta de transbordo “Los Chorros” que no cuenta con permiso ambiental
La planta de transbordo “Los Chorros” recibe a diario unas 200 toneladas de basura cuando sólo tiene capacidad avalada por el MARN para recibir 60 toneladas diarias.
La recolección y el manejo de la basura sigue siendo una grave problemática para diversas municipalidades, que en algunos casos llevan a infringir las leyes ambientales y poner en riesgo ecosistemas privilegiados; uno de estos casos en la zona de recarga acuífera y reservorio “Los Chorros” donde la municipalidad de Santa Tecla tiene instalada una planta de transbordo de la basura que se recoge en toda la ciudad y que de acuerdo a fuentes de la oficina de medio ambiente, no cuenta con permiso ambiental para su funcionamiento.
La fuente consultada amplía manifestando que el sitio donde opera la planta de transbordo “Los Chorros” cuenta únicamente con una resolución emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el año 2018, que autoriza el uso del sitio para depositar de forma temporal (menos de 24 horas) hasta 60 toneladas de basura diariamente, considerando el proyecto como uno de “Impacto Ambiental Moderado”; sin embargo en la realidad la comuna deposita diariamente unas 200 toneladas, lo que implica un grave daño ambiental a la zona, que además constituye el reservorio de agua más importante del Gran San Salvador.
Para poder usar la planta y recibir la cantidad de basura que a diario se traslada, la municipalidad está obligada a contar con un permiso ambiental, conforme establece el art. 19 de la Ley de Medio Ambiente.
El licenciado Sergio Portillo Toruño, abogado especialista en Derecho Ambiental, comentó a preguntas de este medio, que la acción realizada por la Alcaldía de Santa Tecla, representada por el alcalde Henry Flores, constituye un caso de una infracción ambiental, pero a su vez se está cometiendo el delito de Contaminación Ambiental Agravada, de los arts. 255 y 256 del Código Penal, ya que se está operando sin permiso ambiental por la cantidad de basura que se deposita diariamente.
También el citado abogado recordó que ya durante el año 2020 denunció la contaminación en las quebradas aledañas a la planta de transbordo de “Los Chorros” donde inclusive existió un video donde los camiones de TECLASEO están haciendo descargas de lixiviados a la quebrada, pero que el anterior juez ambiental Rafael Menéndez Contreras se hizo de la vista gorda para no imponerle medidas cautelares al sitio de la Estación de Transferencia.
Finalmente expresó que la gestión del alcalde Henry Flores, da visos de ser una extensión de los manejos irregulares de la administración edilicia a cargo de Roberto d’Aubuisson, pues no investigó la contratación irregular de TECLASEO, como afirmó en campaña, ni siquiera lo hizo cuando la Corte de Cuentas determinó manejos indebidos en fondos hasta por 1 millón de dólares que fueron a parar de la municipalidad a TECLASEO; tampoco exigió al Sr. Salume la devolución de más de $1.4 millones de dólares que Santa Tecla, le pagó indebidamente a la empresa de Salume dueña del Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, durante los años 2017 y 2018 cuando no tenía permiso ambiental de funcionamiento para tratar las casi 200 toneladas diarias que produce la ciudad tecleña. Y luego Flores ha seguido contratando la empresa de Salume, incluso a mayor precio que otras empresas que participaron en el proceso de licitación para el año 2022, contrato que ya finalizó y ha sido prorrogado de mometo a favor de Salume.
Retomado de la Noticia SV
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
