Un informe de Human Rights Watch (HRW) citado por la AP reveló que al menos 138 salvadoreños deportados de los Estados Unidos en los últimos años, han sido asesinados tras regresar a El Salvador, y que otras 70 personas han sido víctimas de violaciones sexuales, esto ocurre a la vez que el gobierno de Donald Trump dificulta que los centroamericanos busquen refugio en la nación norteamericana.

La mayoría de los crímenes ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de días.

La agencia habló con Alison Leal Parker, directora de HRW en Estados Unidos, quien afirmó que tales hechos de violencia «ponen de relieve el riesgo que enfrenta la gente que es forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a extranjeros condenados por determinados delitos, y por las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo».

“Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte (luego de su repatriación)”, señaló Leal Parker. Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños.

Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015. Pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Mientras tanto, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de 1.000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de pandillas como motivo. Sólo alrededor del 18% recibió protección.

La organización de Derechos Humanos, confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación.

La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco dijo a la prensa que algunos asesinados eran miembros de pandillas, aunque reconoció que los deportados enfrentan estigmatización en el país.

La funcionaria atribuyó la violencia en el país a disputas entre pandillas, y evitó responder directamente cuando le preguntaron sobre las denuncias contenidas en el informe de que policías han asesinado a deportados que supuestamente formaban parte de grupos delictivos.

“Miren, tenemos que tomar todo en contexto”, agregó. “Las pandillas matan niños, desmiembran, son el terror de comunidades y nosotros estamos trabajando mucho, muchísimo bajo el mandato del presidente (Nayib) Bukele”, dijo la canciller.

En tanto, el senador demócrata Bob Menendez, fijó postura a través de un comunicado donde señaló que “este informe es un vergonzoso recordatorio de la política xenofóbica del gobierno de Trump de negar protección significativa a las familias vulnerables que huyen de una muerte segura en sus países”.

Parker y otros críticos apuntan que este reporte, y las labores previas de documentar la violencia contra los salvadoreños que esperan la resolución de sus casos en localidades fronterizas mexicanas, muestran los riesgos de la política migratoria estadounidense.

HRW instó a la Casa Blanca a retirar la política que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que salvadoreños, guatemaltecos y hondureños sean reubicados en otros países de Centroamérica. También pidió al secretario de Justicia que revoque las restricciones que complicaron la petición de asilo en el país a causa de las amenazas de las maras o la violencia de género.