Nacionales
80 municipios reportan cero homicidios, afirma PNC
El Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado reducir los índices de criminalidad en todo el territorio nacional. La baja sostenida de los homicidios se evidencia en las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cabe destacar que entre el 1 de enero y el 10 de noviembre suman 80 municipios donde no se han cometido asesinatos.
Las jurisdicciones sin crímenes violentos están en los 14 departamentos del país. Incluso en aquellos que han sido reconocidos históricamente por el alto índice delincuencial en las pasadas administraciones gubernamentales.
Entre esos departamentos se encuentra La Paz. De las 22 jurisdicciones que conforman ese departamento, en 9 de éstos no se contabilizan ataques armados. Entre esas localidades sin agresiones mortales se encuentra San Pedro Masahuat, considerado como uno de los más violentos durante los gobiernos anteriores.
Otros de los departamentos que cuentan con varias localidades sin muertes violentas son San Miguel, La Unión y Usulután, reconocidos por su alto índice de violencia en las últimas décadas.
También San Salvador, el departamento con mayor concentración de habitantes e históricamente afectado por la violencia tiene un municipio sin homicidios. En Rosario de Mora no se han perpetrado asesinatos en lo que va de 2020.
La reducción también es notable en los departamentos de Chalatenango y Morazán. En 23 de los 33 municipios de Chalatenango, la Policía no reporta asesinatos en lo que va del año. Similar situación se vive en Morazán. En 14 de municipios no han ocurrido ataques armados.
El Plan Control Territorial ha llegado a los territorios de manera conjunta y articulada con otras instituciones, para una verdadera recuperación de los espacios controlados por grupos criminales.
Los logros obtenidos por la estrategia de seguridad son el resultado del trabajo realizado por los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, la operatividad de la Policía, comandada por el director Mauricio Arriaza Chicas y la aplicación del orden y disciplina en los Centros Penales, así como el bloqueo de la comunicación desde su interior.
Nacionales
Bomberos de El Salvador destacan la importancia de los simulacros ante terremotos para fortalecer la capacidad de respuesta
El personal operativo y los inspectores de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios (UPREV) participaron ayer en el Simulacro Nacional ante Terremoto 2026, coordinado por la Dirección General de Protección Civil.
La actividad tiene como objetivo fortalecer la preparación institucional para responder ante una emergencia sísmica que pueda ocurrir en cualquier momento.
“Los simulacros son fundamentales para evaluar nuestra capacidad de respuesta, fortalecer los procedimientos operativos y mejorar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil”, expresó el subdirector de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez.
La institución detalló que, durante el ejercicio, el personal operativo puso en práctica los procedimientos de evacuación y respuesta, mientras que los inspectores de UPREV contribuyeron a reforzar la cultura de prevención y la importancia de contar con planes de emergencia.
Judicial
¡SE ACABARÍAN LOS ACUERDOS! Gobierno busca impedir que conductores peligrosos eviten procesos penales tras causar accidentes
El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.
Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.
La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.
Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
