Judicial
13 imputados capturados en “Operación Cuscatlán” quedan detenidos por lavado de dinero
La jueza Especializada de Instrucción “A”, de San Salvador, decretó la detención para 13 imputados involucrados por delito de organizaciones terroristas y por el de lavado de dinero proveniente de extorsiones, luego de haber sido capturados bajo la “Operación Cuscatlán”.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), la fase de instrucción durará cinco meses.
La madrugada del 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el megaoperativo con el fin de dar un golpe a la economía que poseían grupos criminales, por lo que 27 miembros de estas fueron capturados, aunque se estima que son unos 500 los involucrados.
Entre los detenidos Óscar Walter Ramos Rivera, alias “Serrucho”, un criminal que recibió facilidades de la alcaldía de Ilopango para instalar diversos negocios en el turicentro Apulo. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, advirtió que las investigaciones podrían llegar a empleados municipales.
De acuerdo al director general de la PNC, Howard Cotto, con esta operación hubo un total de 418 intimaciones en el penal de Izalco (Sonsonate) y en el de Zacatecoluca (La Paz).
Además, hubo 53 carros incautados, y 10 propiedades serán sustraídas a los grupos criminales, gracias a las labores realizadas por los miembros de la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP). Luego del operativo, la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
