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12 conductores infraccionados en las primeras horas de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero
En las primeras seis horas de funcionamiento del sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero, un total de 12 conductores de vehículos particulares fueron sancionados con esquelas por conducir con excesiva velocidad, informaron el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, y el viceministro de Transporte (VMT), Nelson Reyes.
Las autoridades detallaron que los 12 automovilistas cometieron la infracción «muy grave», de conducir arriba del límite de velocidad establecida en el bulevar Monseñor Romero, el cual es de 90 Km/h.
«Hemos iniciado con el proyecto de fotomultas a partir de las 00:00 horas este 9 de enero, como lo habíamos estado anunciando anteriormente. Hasta esta hora [6:00 a.m.] ya llevamos 12 personas que han sido infraccionadas por ir arriba de los 90 Km/h conduciendo un vehículo en esta autopista», comunicó Rodríguez.
Indicó que, en un plazo de 24 horas, los conductores que fueron multados recibirán una notificación a sus correos electrónicos o por medio de un mensaje de texto, en el que se les avisará que recibieron una multa, tras haber sido capturados por las cámaras colocadas en la carretera, por haber infringido la ley de tránsito.
«Vamos a estar mandando mensajitos de texto, vamos a mandar correos electrónicos con la base que tiene Sertracen en este momento. Si una persona no tiene actualizado sus datos puede ingresar al portal web que es: sertracen.com.sv/actualizadatos y ahí la persona puede actualizar su información por si quieren que les llegue vía correo electrónico cualquier información del Viceministerio de Transporte o cualquier infracción que haya cometido», detalló el titular del MOPT.
Por su parte, el titular del VMT aseguró que los 12 conductores multados en las primeras horas de funcionamiento del sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero, manejaron entre los 100 a 122 Km/h, cuando el límite permitido son 90 Km/h.
«Ya tenemos las primeras personas que han sido infraccionadas por el sistema de fotomultas. Se ha hecho un anuncio, una divulgación bastante amplia sobre la entrada en vigencia y la aplicación de las fotomultas sobre el bulevar Monseñor Romero. Todos los conductores que han sido infraccionados han sido por exceso de velocidad. Las velocidad oscilan entre 100 y arriba de 122 Km/h, estos son los valores que ha arrojado el sistema y se tiene la validación, se puede hacer la lectura de la placa, se puede verificar en cuál de los puntos estaban transitando, a qué hora, a qué velocidad y la fecha», indicó.
También añadió que hasta el momento no se han detectado camiones con sobrepeso, ni que transporte de carga que circule por el carril izquierdo.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
