Internacionales
Un coche bomba estalla en Quito sin dejar víctimas
El automóvil explotó a causa de la activación de «dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita», dijo el director de Investigaciones de la policía, el general Pablo Ramírez, a la prensa hacia la medianoche del miércoles.
Los bomberos indicaron que «el incendio vehicular fue controlado» y que «no existen personas afectadas».
La policía informó el jueves que está investigando informes sobre un segundo vehículo «incinerado» en Quito.
Horas después del primer incidente, Ramírez señaló que agentes detuvieron a varios kilómetros del sitio del estallido a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, que tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato, y que estarían involucrados en el hecho.
«Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas», apuntó el jefe policial.
Previamente, el presidente Guillermo Lasso expresó por la red X, antes Twitter, que «la Policía está levantando evidencias para determinar si se trató de un accidente o es un hecho provocado».
Presos trasladados
Este tipo de hechos es inusual en la capital ecuatoriana. En enero de 2018 se registró el estallido de un coche bomba en un poblado fronterizo con Colombia (norte) para atentar contra un cuartel policial, que dejó daños materiales y 23 heridos leves.
En los hechos del miércoles, el auto quedó destruido, según fotografías difundidas por la policía por la red X, en la que apuntó que «individuos habrían dejado abandonado el vehículo estacionado» y que se «habría encontrado con un artefacto de mecha lenta».
Dos ciudadanos «que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado líquido inflamable, que produjo la explosión del automotor, en cuyo interior existían 2 cilindros de gas», añadió la institución, que confirmó que no se registraron víctimas.
La explosión se produjo cerca de un edificio donde funcionaban oficinas del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que el miércoles trasladó a presos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, que han protagonizado varias masacres carcelarias en el país, que dejan más de 430 reclusos muertos desde 2021.
Ramírez sostuvo que el traslado de presos «posiblemente sería» lo que motivó el estallido del coche bomba en ese sitio.
Guardias retenidos
Ante la guerra que sostienen organizaciones con nexos con carteles mexicanos y colombianos, Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción por 60 días para todo el sistema penitenciario de Ecuador, lo que le permite emplear a militares para el control de los reclusorios.
Bajo ese mandato, cientos de soldados y policías intervinieron el miércoles para buscar armas, municiones y explosivos en una cárcel localizada en la ciudad andina de Latacunga (sur), de las principales de la nación y uno de los escenarios de las matanzas entre presos.
En protesta por la intervención, presos de la cárcel de la ciudad de Cuenca (sur andino) retuvieron a guardias penitenciarios. «Los servidores retenidos están en buen estado», señaló el SNAI, sin precisar si ya fueron liberados.
La ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), la segunda de Ecuador, se ha convertido en un bastión de la violencia narco, que ha recrudecido con autos bomba, masacres carcelarias, cadáveres desmembrados y colgados de puentes, secuestros y extorsiones.
Bandas del narcotráfico, que usan los reclusorios como centros de operaciones, también se enfrentan en las calles, donde la tasa de homicidios subió al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble del año anterior.
Desde 2021, Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, ha incautado unas 530 toneladas de cocaína.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
