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TSE de Guatemala valida resultados de elecciones, pero juez suspende a uno de los partidos que se supone vaya a la segunda vuelta
Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala validó este miércoles los resultados preliminares de los comicios presidenciales; por otro lado, un juez suspendió al Movimiento Semilla, uno de los dos partidos que se supone vaya a una segunda vuelta el 20 de agosto, lo que crea incertidumbre sobre el rumbo de las elecciones.
La autoridad electoral oficializó ayer los resultados, luego de dos semanas de recursos jurídicos que extendieron el proceso. La exprimera dama Sandra Torres, candidata de derecha por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el izquierdista Bernardo Arévalo, candidato por el Movimiento Semilla son los dos políticos que se enfrentarán en la segunda vuelta.
Sin embargo, minutos antes de que el tribunal diera a conocer su decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala informó a través de un video en Twitter que un juez había suspendido al Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo. Las autoridades acusan a Semilla de haberse registrado usando firmas falsas.
En declaraciones a Noticiero Guatevisión, Arévalo catalogó como “golpe de Estado técnico” la acción de la Fiscalía.
A juicio del candidato, se trata de una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político.
Al mando del Ministerio Público se encuentra el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por corrupción.
El fiscal fue quien anunció que un juez había ordenado la suspensión de la personalidad jurídica el Movimiento Semilla en un plazo de 24 horas. Curruchiche acusó al partido de actos de corrupción al inscribir a personas sin su consentimiento.
En otra entrevista con la cadena CNN en español, Arévalo aseguró que la ley electoral de su país no permite que se suspenda a un partido después de un proceso electoral. Además, anticipó que emprenderá acciones legales.
“Estamos en la segunda vuelta, tal como lo oficializó el TSE”, insistió Arévalo al destacar que la acción judicial no tiene peso legal.
Al momento, no está claro el impacto real del fallo en la segunda vuelta. Hasta ayer, el propio Tribunal no había sido notificado de la decisión judicial.
Según la resolución de suspensión, el Tribunal Supremo Electoral tiene el plazo de 1 día para hacer valer el dictamen o de lo contrario podría ser acusado de incumplimiento de ley.
El principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, cuestionó las “amenazas” a la democracia guatemalteca por parte de la Fiscalía tras la movida contra Semilla.
“Estamos gravemente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público a la democracia electoral en Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes”, compartió Nichols en un mensaje en Twitter.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
