Internacionales
Régimen de Daniel Ortega saquea redacción de una revista y programas televisivos los cuales condenan como ataque la libertad de expresión
En un claro atropello a la libertad de expresión y los derechos individuales, el régimen de Daniel Ortega realizó un operativo en la noche de este jueves en el cual saqueó la redacción donde funcionan la revista Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, todos críticos del gobierno de Nicaragua.
El director del semanario, Carlos Fernando Chamorro, calificó el hecho como un claro «ataque directo a la libertad de expresión» y denunció que los medios sufren un acoso permanente por parte del régimen que conduce Ortega.
«Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policía nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa», dijo Chamorro en su cuenta de Twitter.
El grupo policial que irrumpió en las oficinas de la revista secuestró ordenadores de la redacción sin orden judicial alguna. «Entraron como delincuentes», agregó el director periodístico del reconocido medio escrito nicaragüense.
«Este es un ataque para acallar la libertad de prensa, para acallar a Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Pero no lo lograrán. Confidencial, Esta Semana y Esta Noche seguirán del lado del pueblo denunciando los abusos del régimen», añadió Chamorro en declaraciones reproducidas en la versión online del semanario.
Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policia nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa
— Carlos F Chamorro (@cefeche) 14 de diciembre de 2018
Personal de seguridad de la redacción de Confidencial detalló que un grupo de policías fuertemente armados irrumpió en el lugar cerca de la medianoche y forzaron la entrada. Pero eso no fue todo: los policías que participaron del ilegal operativo encañonaron a los agentes para obligarlos a colaborar en el saqueo.
En otro mensaje, Chamorro instó a las autoridades a reponer lo secuestrado: «Exijo a la Policía que devuelva todos los equipos y documentos que saquearon en la redacción de Confidencial–Esta Semana. Ellos sabían que la Ong Cinco está en otro domicilio y no tiene ninguna relación. Es un ataque deliberado contra la prensa independiente. ¡No nos callarán!».
De acuerdo a lo explicado desde el sitio, la policía irrumpió con la excusa de que allí funcionaban las dependencias del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), organización no gubernamental (ONG) perseguida por el orteguismo y a la que le han quitado su personería jurídica en las últimas semanas.
El hecho se produjo en medio de una gran represión de parte de Ortega que se inició el pasado 19 de abril y en la que han muerto 325 personas, decenas de manifestantes han sido reportados como desaparecidos y más de 600 fueron detenidos por sus ideas políticas.
Ayer, la ONG Human Right Watch denunció que el régimen está expulsando del país a aquellas organizaciones que se dediquen a denunciar los atropellos a los derechos humanos que se producen desde inicios de año.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció en su cuenta de Twitter que Nicaragua disolverá cinco organizaciones de derechos humanos.
«Muy grave ataque a la sociedad civil en Nicaragua. La asamblea nacional se prepara para disolver de forma arbitraria a cinco organizaciones de derechos humanos. Sigue la represión a cualquiera que se atreva a disentir con el régimen de Ortega-Murillo», expresó Vivanco.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
