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Internacionales

Papúa Nueva Guinea reporta más de 2.000 personas sepultadas en deslizamiento de tierra

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Más de 2.000 personas quedaron sepultadas por un enorme corrimiento de tierras que arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, estimó este lunes el gobierno, que pidió ayuda internacional para las labores de rescate.

«El deslizamiento sepultó a más de 2.000 personas vivas y causó importantes destrozos en edificios, huertos, además de afectar gravemente a la base económica del país», indicó el centro nacional de catástrofes papú en una carta a la ONU a la que tuvo acceso la AFP.

Una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mongalo la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior.

La principal carretera que conduce a la gran mina de oro de Porgera estaba «completamente bloqueada», informó el centro de catástrofes en su carta a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en la capital, Port Moresby.

«La situación continúa siendo inestable pues el deslizamiento de tierras continúa avanzando lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes», agregó.

El centro pidió a Naciones Unidas que informara de la crisis a los socios de desarrollo de Papúa Nueva Guinea «y a otros amigos internacionales».

Ayuda internacional

La ONU mantendrá una reunión el martes con gobiernos extranjeros para tratar de coordinar las labores de rescate, que se complicaron por la lejanía del lugar -en las escarpadas tierras altas del país- así como por los cortes en las carreteras y los continuos enfrentamientos tribales en las cercanías.

Residentes y equipos de rescate utilizan palas y trozos de madera para encontrar cuerpos bajo el alud, que podría tener hasta ocho metros de profundidad y cuya longitud equivaldría a casi cuatro campos de fútbol.

«Nadie escapó. No sabemos quién murió porque los registros están enterrados», declaró a la AFP Jacob Sowai, un maestro de un pueblo vecino.

Serhan Aktoprak, funcionario de la agencia de migración de la ONU, indicó que estaban apareciendo grietas en terrenos adyacentes al corrimiento, lo que «podría desencadenar un nuevo deslizamiento».

La Organización Mundial de la Salud ofreció su asistencia para «atender las necesidades sanitarias urgentes», indicó en la red social X su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Australia, aliado cercano, anunció que proporcionaría suministros de emergencia, como refugios, kits de higiene y apoyo específico para mujeres y niños.

El presidente Chino, Xi Jinping, dijo estar «profundamente apenado» por la catástrofe, y brindó la asistencia de su país. Estados Unidos, Francia, Japón y la Organización Mundial de la Salud también ofrecieron su apoyo.

Acceso bloqueado

Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, muy intensas.

Papúa Nueva Guinea tiene uno de los climas más húmedos del mundo, e investigaciones revelaron que los cambios en los patrones de precipitaciones relacionados con el cambio climático podrían exacerbar el riesgo de deslizamientos de tierra.

Estimar el número de víctimas es difícil porque muchas personas que huían de la violencia tribal se trasladaron a la zona en los últimos años, indicó Nicholas Booth, funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las agencias de ayuda calculan más de 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de esta catástrofe.

Por otro lado, el suministro de ayuda humanitaria desde la capital provincial, Wabag, se vio entorpecido por un brote de enfrentamientos tribales no relacionados con el desastre, según el funcionario de la ONU Aktoprak.

Para la noche del domingo se esperaba la llegada de maquinaria pesada y excavadores, pero su llegada se vio aplazada por este bloqueo.

Papúa Nueva Guinea ha vivido este año numerosos terremotos, inundaciones y deslizamientos que han complicado el trabajo de los servicios de emergencia.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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