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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña, confirmaron el domingo autoridades locales.
por AFP 15 de marzo de 2026 En DePlaneta Tiempo de lectura:1 mins read
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Becerra era presidente de la formación política centrista y marchaba en las últimas posiciones de las encuestas, entre lo más de 30 candidatos que se postulan para las elecciones del próximo 12 de abril.
Los sondeos posicionan a Rafael López Aliaga al frente de la intención de votos.
El accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.
«El candidato Becerra ya ha fallecido», dijo a la emisora RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca.
Según su relato, él mismo llevó a Becerra, de 61 años, hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó la muerte de Becerra, y deseó la pronta recuperación de las tres personas que lo acompañaban y que resultaron heridas en el accidente
Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes de urgencia desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital tras presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.
El líder ultraderechista, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, cumple desde septiembre una condena de prisión de 27 años por intento de golpe.
El parte del hospital indicó que el paciente «evolucionó con estabilidad clínica y mejoría de la función renal», que había sufrido un deterioro el sábado.
Sin embargo, un incremento de «marcadores inflamatorios en sangre» obligó a «ampliar la cobertura de los antibióticos».
Aun no hay previsión de alta de la unidad de cuidados intensivos.
Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral.
El cuadro está asociado a las secuelas de un atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral en 2018, y que lo llevó numerosas veces al quirófano.
Entre las secuelas, sufre de episodios recurrentes de hipo y vómitos.
La corte suprema condenó en septiembre al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sus abogados han pedido en reiteradas oportunidades que cumpla la pena bajo arresto domiciliario por razones de salud, pero el tribunal ha rechazado las solicitudes.
Con elecciones presidenciales previstas para octubre, el nombre de Bolsonaro sigue dominando el debate político brasileño.
Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se perfila como candidato de la derecha frente al izquierdista Lula, que aspira a un cuarto mandato.
Se espera que esta cita prepare también el terreno para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril.
La delegación estadounidense está encabezada por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la china por el vice primer ministro He Lifeng.
Según la cadena estatal china CCTV, el diálogo se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
Estas reuniones diplomáticas se producen en un momento convulso para la economía mundial, con los mercados energéticos sacudidos por el impacto de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, que se ha extendido por toda la región.
Pekín es un socio cercano de Teherán y condenó la muerte del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei el primer día de la guerra, pero también criticó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo.
Durante gran parte de 2025, China y Estados Unidos libraron una dura guerra comercial, con aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos y restricciones a la exportación que amenazaban con colapsar las cadenas de suministro mundiales de minerales esenciales.
Las tensiones se calmaron tras el encuentro en octubre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan.
No obstante, las nuevas investigaciones estadounidenses sobre la sobreproducción industrial china y el trabajo forzoso, anunciadas el miércoles, amenazan con aumentar la inestabilidad.
El Ministerio de Comercio chino afirmó el viernes en un comunicado que las delegaciones en París «llevarán a cabo consultas sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo», sin dar más detalles.
Bessent, quien estará acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el jueves que el «diálogo económico» entre ambos países «está avanzando».
