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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
