Internacionales
Hondureños no permitieron que salvadoreños se unieran junto a ellos a la tercera caravana de migrantes
La tercera caravana migrante, que se reunió en Oaxaca, quedó dividida por disputas internas avanzando de forma diezmada a Veracruz.
La caravana de hondureños que esperaba en Matías Romero, Oaxaca, a reintegrarse con sus connacionales para partir juntos hacia Estados Unidos, rechazó a la caravana de salvadoreños que arribó a ese municipio, con la intención de continuar el trayecto juntos. Incluso fueron amenazados con ser destazados si trataban de tomar el control del grupo, reportaron medios mexicanos.
El periódico Excelsior habló con Jairo Antonio Guevara, quien forma parte de la caravana de El Salvador, explicó que cuando llegaron al albergue que se ha establecido en el estadio de fútbol de la zona fueron bien recibidos.
Sin embargo, posteriormente “nos dijeron que los salvadoreños que se quedaran ahí en la noche iban a ser destazados. Entonces nosotros por el temor y para no generar conflicto decidimos salir. Y (cuando terminamos de salir) nos cerraron el portón de acceso”, relató Guevara a ese periódico.
Un grupo de jóvenes, al parecer pandilleros, los amenazó, confesó el migrante salvadoreño.
Incluso hubo un forcejeo entre hondureños y salvadoreños, hasta que finalmente los hondureños obligaron a salir del lugar a la gente de El Salvador que después buscó refugio en la parroquia del municipio, reportó el medio digital Multimedios.
Para evitar un altercado las autoridades del municipio de Matías Romero reforzaron sus medidas de seguridad y auxilio.
Por su parte, los hondureños acusaron a salvadoreños de mal comportamiento, incluso hubo un enfrentamiento entre Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, y el sacerdote Alejandro Solalinde, ante la depuración interna del grupo.
A decir de Mujica la gente de El Salvador desobedece el código de comportamiento impuesto, por lo que los malos elementos han sido expulsados del grupo.
Ofrecen transporte a salvadoreños para llegar a Ciudad de México
Según Exélsior, Solalinde ofreció transporte al grupo de salvadoreños que se encuentra en Matías Romero, Oaxaca, y sometió durante una asamblea a deslindarse de la agrupación Pueblos Sin fronteras, con quien el clérigo disputa el control de las caravanas.
Representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciaron un censo para saber cuántas personas integran esta caravana y poder dar los vehículos que los resguardarán todo el trayecto hacia la CDMX para que, al llegar, puedan informarse y tomar la mejor decisión para ellos, señaló Solalinde a este medio.
Esto causó molestia a Irineo Mujica, representante de Pueblos Sin Fronteras, quien tiene una orden de restricción en el estado de Chiapas que no le permite salir de la entidad por estar sujeto a proceso por los delitos de daños, resistencia de particulares y lesiones.
Previo a la asamblea, Solalinde y Mujica pelearon por el control de la caravana y, posterioremente, los salvadoreños corrieron a Mujica del lugar.
Datos de migrantes
De acuerdo con el informe entregado a Multimedios por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Jacobo Rodríguez, en la comisión de seguridad interna realizado en la Secretaría General de Gobierno, en los últimos días han cruzado por Oaxaca 9 mil migrantes, tanto de la primera como de la segunda y tercera caravana.
En el mismo reporte, cosigna el medio, se indica que cinco migrantes y dos civiles fueron remitidos ante la Fiscalía General de Justicia por robo, intento de violación y portación de drogas, pero no lograron ser consignados ante la denuncia de parte por parte de los ofendidos.
Asimismo, se indica que 600 fueron deportados o regresaron por su cuenta a sus países de origen.
En tanto, el director de gobierno dependiente de la Secretaria General de Gobierno, Antonio Cabrera Villalba, reportó que durante la presencia de las tres caravanas migrantes se distribuyeron 20 mil despensas, se entregaron 10 mil colchonetas y cobijas, además de que se dieron mil consultas médicas, reporta la publicación.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
