La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró ayer emergencia nacional por la inseguridad en el país a causa de las extorsiones y anunció un plan policial para erradicar a las pandillas. Esto ocurrió dos días después de que comerciantes y transportistas urbanos presionaron al Gobierno para que interviniera lo antes posible ante la problemática. Los gremios denunciaron que ya no contaban con más financiamiento para pagar la renta y no deseaban más muertes. 

«Este Gobierno le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día [enero] le declaramos la guerra a la corrupción y al narcotráfico. Mi compromiso es dar la seguridad que demanda la población», aseveró Castro. 

La presidenta enfatizó que el narcotráfico se extendió en anteriores gobiernos, uno de estos durante los ocho años del expresidente Juan Orlando Hernández (2014–2022). «En los últimos 12 años, el pueblo hondureño fue víctima de la imposición de un cartel de narcotráfico desde el Estado. Un cartel que permeó las instituciones y estructuras policiales y militares, elevando sin límites la violencia, la extorsión y la formación de las organizaciones criminales», señaló la mandataria durante el lanzamiento del plan para enfrentar a los grupos que amenazan la vida de los hondureños. 

«La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo para combatir el crimen, las extorsiones, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales hasta capturar a los cabecillas. 

Vamos a erradicar la extorsión hasta el último rincón de nuestra patria», aseguró la izquierdista. En El Salvador, todas las acciones de seguridad contra el crimen se ejecutan a través del Plan Control Territorial, impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019. 

Castro reconoció que la extorsión es una de las principales causas de la inseguridad, la migración, el desplazamiento forzado, las muertes violentas y el cierre de pequeños y medianos negocios en Honduras. Además, la presidenta le dio la potestad a la Policía Nacional para decretar estado de excepción y suspender garantías constitucionales parciales en los sectores donde se amerite. 

«Ordeno de forma inmediata que los controles y la vigilancia en fronteras terrestres, aéreas y marítimas se realicen de forma conjunta con la Fuerza Armada y la Policía Militar», agregó. También estableció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) controle la venta de los chips para teléfonos. 

«No se van a comercializar chips sin el número de identidad», manifestó Castro. Esta ha sido una de las demandas que los transportistas expresaron a principios de la semana.