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HISTORIA: Con revólver en mano un sacerdote obligaba a un menor para que le practicara «sexo oral» y luego lo absolvía

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El cura Michael Freeman, cuyo nombre se encuentra entre los 300 religiosos católicos investigados en Pensilvania, también había estado en el estado de Nueva York.

Como parte de la investigación judicial de los abusos sexuales que 300 sacerdotes cometieron en Pensilvania, se reveló que Michael Freeman, uno de los acusados, ya fallecido, había cometido los mismos delitos antes de llegar al estado, mientras estaba en la diócesis de Buffalo. Un hombre de 49 años, que asistía a la iglesia católica en esa localidad del estado de Nueva York, era un adolescente cuando Freeman le apuntó con un arma a la cabeza para obligarlo a practicarle sexo oral, en más de una ocasión.

El abogado del denunciante, Steve Boyd, enfatizó que el abuso ocurrió luego de que la diócesis de Buffalo recibiera quejas sobre el sacerdote de la Parroquia Santa María de la Asunción en Lancaster, un suburbio de la ciudad, presentadas por una víctima anterior, en 1980.

Según informó The Buffalo News, el denunciante —que formalizó una presentación ante el fondo de compensación de víctimas de la diócesis— dijo que Freeman solía presumir de un revólver plateado calibre .38 que mostraba, y con el que lo amenazaba para que completara el abuso. A continuación absolvía al adolescente de los pecados cometidos durante la violación.

«Siempre lo llevaba escondido», dijo Boyd sobre el revólver. «Y varias veces Freeman puso el arma contra la cabeza del menor».

La denuncia previa indicaba que Freeman había llevado a otro adolescente a Toronto, en Canadá, para que mantuviera relaciones con prostitutas delante de él, y en algunas ocasiones le apuntó a la cabeza.

Freeman fue sacerdote entre 1972 y 1989, pero la diócesis de Buffalo continuó sosteniéndolo económicamente por otros 10 años, y nunca denunció los hechos a las autoridades. Su paso por Pensilvania, donde se realizó la investigación, se dio entre 1982 y 1989. Murió en 2010.

«Ese era el patrón», insistió Boyd sobre el modus operandi del sacerdote en sus ataques a menores: «Freeman obligaba a este menor a que le practicara sexo oral y luego lo absolvía por ese pecado».

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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