Internacionales
Eruditos internacionales preocupados por «intento de destruir un nuevo movimiento religioso» en Corea del Sur
El 20 de julio, un seminario web titulado «COVID-19 y Libertad Religiosa: Shincheonji, el Chivo expiatorio en Corea del Sur«, abordó los problemas recientes de ataques agresivos por parte de iglesias protestantes conservadoras y fundamentalistas políticamente poderosas en el país contra un grupo cristiano recién establecido y de rápido crecimiento llamado ‘Shincheonji (Nuevo Cielo y Nueva Tierra) Iglesia de Jesús’ fundado en 1984.
El nuevo movimiento cristiano de Shincheonji se ha convertido en el objetivo porque «los protestantes conservadores y fundamentalistas ven a Shincheonji como competencia, por lo cual quieren destruirlo», dijo Massimo Introvigne, un sociólogo italiano de la religión que estudió a Shincheonji antes y después de la pandemia del COVID-19 y publicó el primer relato del grupo religioso en inglés.
Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, señaló que las autoridades surcoreanas culparon a Shincheonji de ser el causante de la crisis de COVID-19 para cerrar la iglesia.
Ciaran Burke, profesor asociado de la Universidad de Derby, expresó su preocupación por «la recopilación de información personal de 300,000 miembros nacionales e internacionales de Shincheonji por parte del gobierno, lo cual es una posible violación del acuerdo internacional, especialmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que Corea del Sur ratificó en 1990.»
La fiscalía inició la investigación de los líderes de Shincheonji, incluido el fundador Man Hee Lee, por su supuesto papel en la propagación del COVID-19. El 8 de julio, tres representantes de Shincheonji fueron arrestados, acusados de desempeñar un papel en el brote a gran escala en su fase inicial al «(presentar) una lista inexacta de los miembros».
Una declaración reciente emitida por «familiares de los fallecidos y víctimas de COVID-19» señaló que «los miles de daños y muertes de coreanos reflejan el fracaso de la respuesta inicial para contener el virus por parte del gobierno». Agregó que la Ministra de Justicia, Choo Mi-ae, «permitió que los pacientes con COVID-19 provenientes de China ingresaran a Corea, lo que provocó un brote generalizado del virus en todo el país, resultando en la muerte de ciudadanos coreanos». También declaró que la Ministra de Justicia estaba tratando de evitar su responsabilidad por los daños, «dando órdenes directas a los fiscales para una redada y arrestos contra la Iglesia Shincheonji».
La cadena de televisión de Corea del Sur, MBC, informó que una reciente investigación realizada en Daegu apunta al fracaso de la respuesta inicial del gobierno para contener el virus. El informe concluyó que al menos 180,000 de los 2.4 millones de personas en Daegu estaban infectados con el COVID-19, 27 veces más de los 6,800 casos oficiales confirmados. Del total de las 180,000 infecciones, solo 5,000 casos fueron derivados de la Iglesia Shincheonji; por lo cual, el informe elude la realidad; la iglesia de Shincheonji ha sido el blanco durante la pandemia del COVID-19 desde el pasado mes de febrero. Los panelistas concluyeron el seminario web solicitando más investigación a las autoridades para eximir a Shincheonji de las acusaciones estadísticamente inexactas que ha recibido.
Vía: Agencias Internacionales
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
