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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, busca bajar la edad de imputabilidad criminal a 9 años
Una propuesta de ley para rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 9 años ha provocado una fuerte polémica en Filipinas, donde diversos grupos lo consideran una violación de los derechos de la infancia, en el marco de una violenta política antidrogas.
La norma cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a los niños para cometer delitos graves, práctica común en el país según el mandatario.
El Comité de Justicia del Congreso aprobó el lunes un proyecto de ley que reduce la edad de responsabilidad criminal a los 9 años, medida que el Senado se ha comprometido a ratificar.
«El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte«, denunció Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, a través de su comunicado de su titular, Carlos Conde.
«Esto sin duda empeorará la difícil situación de los niños filipinos atrapados en el sistema de justicia», agregó.
Según los legisladores que han impulsado el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como HRW advierten de que la nueva norma los confinaría en centros de menores hasta 12 años.
La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard -quien ha criticado duramente las políticas de Duterte-, también ha levantado la voz de alarma sobre esta «vergonzosa» medida, que calificó como «muy peligrosa y potencialmente mortal» para los niños filipinos.
«Lo vergonzoso es que la señora Callamard siga inmiscuyéndose en los asuntos domésticos de Filipinas», respondió el portavoz del presidente, Salvador Panelo, quien la acusó de pronunciar «teoremas ignorantes e intrusivos» sobre cómo un estado debe manejar sus problemas sin haberse leído a fondo la propuesta.
Panelo defendió que la norma castigará con cadena perpetua a los adultos que exploten a menores para delinquir, mientras que los niños de entre 9 y 18 años que comentan crímenes como asesinato, serán recluidos en centros especiales, no cárceles, donde recibirán atención de doctores, psicólogos y trabajadores sociales.
«Las estadísticas muestran un aumento de delitos cometidos por niños. La intención del proyecto de ley es precisamente protegerlos«, explicó Panelo.
La división en Filipinas de UNICEF o Save the Childres también han expresado su oposición a la norma y esgrimen «falta de evidencias» que prueben que los niños estén detrás del aumento de la criminalidad en el país, como alega el gobierno.
Desde que Duterte llegó al poder hace dos años, con una fuerte y violenta política antidrogas, la policía dijo haber matado a casi 5.000 personas durante operaciones antidroga, pero organizaciones de derechos humanos afirman que el balance es tres veces mayor.
(Con información de EFE)
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
