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Criminal que atacó a jueza durante audiencia en EE. UU. se negó a regresar a la corte
El criminal convicto que saltó sobre el estrado para atacar a una jueza que estaba a punto de sentenciarlo por intento de agresión en Estados Unidos se negó a presentarse ante la corte este jueves.
Deobra Redden tendrá que responder a nuevos cargos por el dramático ataque contra la jueza Mary Kay Holthus en un tribunal de Las Vegas el miércoles.
Pero el reo de 30 años se negó a comparecer ante la justicia, informó el diario Las Vegas Review Journal.
ADVERTENCIA: ESTAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD
Mid-sentence, a defendant in a felony battery case leaped over a defense table and a Nevada judge’s bench, landing atop her and launching a bloody brawl with court officials and attorneys. https://t.co/vcoLoSuFu1 pic.twitter.com/L3VeirCNdX
— The Hill (@thehill) January 4, 2024
El miércoles Redden se lanzó encima de Holthus y la derribó justo cuando ella estaba a punto de leer su sentencia y enviarlo a la cárcel. El ataque, filmado en el circuito de televisión de la corte, se esparció de forma viral en las redes sociales.
El personal de seguridad del tribunal batalló para contener a Redden, alejándolo de la jueza y golpeándolo.
Las imágenes muestran el altercado con puñetazos en todas direcciones, con Redden insistiendo en su ataque a pesar de que varios hombres intentaban contenerlo.
La jueza se levantó poco después, aparentemente aturdida. Un alguacil fue hospitalizado.
En la audiencia de este jueves, la jueza interina Lauren Diefenbach mantuvo la fianza de Redden en $54,000, indicó Las Vegas Review Journal.
«Me incomoda tomar decisiones sin la presencia del acusado», dijo Diefenbach.
Redden recibió órdenes de regresar al tribunal el martes.
El fiscal distrital del condado de Clark, Steve Wolfson, dijo que Redden representaba un peligro para la sociedad.
«El mundo vio lo que pasó ayer, el comportamiento de esta persona en la corte, yo casi no he visto algo como esto», dijo Wolfson citado por Las Vegas Review Journal.
Redden, quien ya cumplió tiempo en la cárcel por agresión doméstica, estaba siendo juzgado por intento de agresión con lesiones corporales graves.
Ahora enfrenta cargos adicionales de agresión, agresión a una persona protegida con resultado de lesiones corporales importantes y dos cargos de agresión a una persona protegida.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
