Judicial
Víctima logró denunciar a una ladrona de buses tras varios meses de verla atracando en la ruta 13 y reconocerla por no tener un brazo
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, la presunta ladrona espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
A Claudia V., no le importó seguir incorporando delitos a su lista criminal. Su vida era la delincuencia y delinquía en las unidades del transporte público hasta que una de sus víctimas, cansada de verla todos los días en las mismas fechorías, decidió denunciarla pues logró reconocerla debido a que no tenía un brazo.
La delincuente es una mujer de 42 años de edad y dice ser una vendedora en el mercado de Soyapango, en San Salvador. Claudia era una mujer que no podría pasar desapercibida entre la gente ya que su porte robusto, su cabellera rapada, muchos tatuajes, un lunar en el ojo izquierdo y una mano amputada era su característico del resto de las personas. Era su estilo del cual se sentía orgullosa, pero que tiempo después le traería grandes consecuencias.
Según el expediente judicial, los hechos sucedieron el 10 de abril de 2018 a mediodía. Ana (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa después de su jornada habitual, abordó la ruta 13 y como era usual se sentó al medio del bus al lado del pasillo. Confiada en que nada sucedería, se relajó y disfruto del viaje.
Mientras esto pasaba, Claudia ya estaba dispuesta a dar uno de sus primeros atracos. Estaba en una de las paradas de la colonia Los Alpes, en San Salvador, y le hizo parada a la ruta. Se subió, pagó su pasaje y, cual águila, observó a su víctima desde el frente del autobús.
El vehículo comenzó a caminar y sin andar con rodeos se puso a un lado de Ana, quien creyó que necesitaba permiso para sentarse al lado de la ventana, pero la mirada seria de Claudia advertía otra cosa.
“Hazte para allá y cállate. No vayas a estar diciendo nada”, le dijo Claudia con un tono amenazante, según lo plasmado en el expediente judicial. Esto provocó que inmediatamente la mujer obedeciera, y sin titubear, logró acorralarla al fondo del asiento.
“Somos cuatro y ya viste que ando armada”, fue la amenaza mientras levantaba con sigilo su camisa para dejar ver su arma mohosa, seguido de esto comenzó a hacer señas de la Mara Salvatrucha (MS), expone el expediente judicial.
“Abrí la cartera”, ordenó. Ana dejó entrever todas sus cosas a la ladrona quien, con temor a ser descubierta, comenzó a sacar todas las pertenencias de valor que pudiera encontrar. Con un gran apuro le robó su billetera con $200, una celular propiedad de la empresa en la que trabajaba y todos sus documentos. La delincuente se levantó y se bajó corriendo de la unidad en una parada de la línea férrea sobre la calle Agua Caliente.
Ana no volvió a ver atrás, estaba asustada y sin saber qué hacer. De pronto, echó un vistazo por la ventana y vio como Claudia se cruzaba la calle con tranquilidad para abordar otra ruta 13 que estaba estacionada.
La captura
Según el expediente judicial sobre el caso, el largo historial de Claudia se remontaba incluso a un caso de agresiones por el cual fue procesada. Esto ocurrió contra una persona en la colonia La Campanera en 2010 y había sido catalogada como una delincuente común.
Desde entonces, continuó atracando en los buses. Ana, de hecho, a pesar del robo no dejó de usar esa misma ruta y eventualmente encontraba a su asaltante a quien prefería no mirar. Una vez marcada la rutina de la criminal, decidió interponer una denuncia para evitar que otras víctimas cayeran en sus garras.
Claudia pesar de sus precauciones jamás pensó volver a caer en las manos de la justicia. Sin embargo, durante un procedimiento en las cercanías de la colonia 5 de Noviembre luego de que Ana la denunciara.
Su captura fue efectiva cinco meses después del ataque durante un patrullaje preventivo de la Policía, ya que gracias a sus características fue fácil determinar que era ella. Ahora se encuentra resguardada en el centro penal de mujeres en Ilopango.
Con las pruebas presentadas y el testimonio de la mujer, Claudia espera ser llevada a juicio por el delito de robo agravado el cual será presidido por el Tribunal Primero de Paz de San Salvador en abril.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
