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$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito

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Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.

De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.

Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.

«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.

Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.

El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.

La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.

El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.

El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.

El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.

En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.

En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.

Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios

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¡CREYÓ PASAR DESAPERCIBIDO! Capturan en Soyapango a presunto pandillero de la MS-13 con antecedentes desde el año 2000

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un procedimiento desarrollado en la comunidad 22 de Abril, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. Según las autoridades, el detenido intentaba pasar desapercibido, pero fue identificado durante las labores de seguridad realizadas en la zona.

El capturado fue identificado como Jesús Baltazar Carballo Guerra, de 45 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presenta tatuajes relacionados con la estructura criminal MS-13. Durante un registro preventivo, los agentes descubrieron las marcas, entre ellas un tatuaje ubicado en la parte interna de su labio inferior.

La PNC también informó que Carballo Guerra registra antecedentes desde el año 2000 por los delitos de intento de homicidio y hurto. Esta información forma parte de su historial policial y fue dada a conocer por la institución tras confirmar su detención en Soyapango.

Las autoridades indicaron que el sospechoso será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil contra las estructuras de pandillas en diferentes sectores del territorio salvadoreño.

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¡MANEJABA EBRIO Y PROVOCÓ UN ACCIDENTE! Envían a prisión a conductor que registró 179 grados de alcohol en Santa Ana

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Un conductor de 33 años fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de provocar un accidente de tránsito mientras presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol en Santa Ana. El imputado fue identificado como Fredy William G. H., quien deberá continuar enfrentando el proceso judicial por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, el accidente ocurrió durante la noche del 30 de septiembre de 2026, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Candelaria de la Frontera, específicamente a la altura de la entrada a la colonia Panades, en el distrito de Santa Ana. Según las investigaciones, el acusado conducía un vehículo tipo pick up cuando habría impactado contra la parte trasera de otro automotor.

Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y detectaron señales de que el conductor posiblemente había consumido bebidas alcohólicas. Ante esta situación, le practicaron una prueba de alcotest que arrojó un resultado de 179 miligramos por decilitro de alcohol, según el reporte de las autoridades. Tras obtener el resultado, los agentes procedieron a capturarlo en flagrancia.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó que Fredy William G. H. permanezca detenido mientras avanza el proceso penal en su contra. La resolución establece la continuación de la causa judicial con detención provisional, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad. El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que representa conducir bajo los efectos del alcohol y las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes incurran en esta conducta.

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Capturan a sujeto con metanfetamina y cocaína durante operativo en La Libertad Oeste.

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó este jueves un operativo de allanamiento en una lotificación del distrito de Colón, en La Libertad Oeste. Como resultado, se logró la captura en flagrancia de Juan Alonso Hernández Rivera, señalado por almacenar y distribuir sustancias ilícitas en la zona, según información recibida por las autoridades.
Durante el procedimiento se incautaron varias porciones de metanfetamina y cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, teléfonos celulares, balanzas digitales y material para empaque. Las evidencias fueron documentadas en el lugar de los hechos y formarán parte del expediente judicial que se presentará en los próximos días ante los tribunales correspondientes.
La detención se produjo en el marco de acciones dirigidas a combatir el narcotráfico a nivel local. Hernández Rivera permanecerá bajo custodia mientras se avanza en las diligencias procesales correspondientes, de acuerdo con lo informado por la FGR.
Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para este tipo de intervenciones. El caso queda en manos de la justicia ordinaria para su respectiva evaluación y eventual juzgamiento.
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