El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que acudirá a instancias internacionales para hacer que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y su concejo municipal, cumplan sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que mandata a reinstalar a un grupo de trabajadores despedidos.

«En vista que he recurrido a las instancias de nuestro país y NO funciona sobre los avisos penales y procesos contra el alcalde de Santa Tecla y su Concejo Municipal y siguen en el mundo de la impunidad, en mi calidad de Ministro recurriré a las instancias internacionales», dijo Castro.

El funcionario lamentó que personas «con apellidos» y poder no cumplan la ley ante la pasividad de la Fiscalía General de la República, por lo que acudirá a tribunales internacionales de justicia, luego que d’Aubuisson incumpliera el plazo dictado por una Cámara que le fijó 4 días (cuyo plazo ya venció) para recontratar al personal despedido e indemnizarlo.

Asimismo, Castro reveló que un abogado que trabaja en el gobierno defiende a d’Aubuisson en el juicio, pero dijo que ello no implica que este abogado con dicha defensa represente la visión del gobierno. «Si un abogado presta un servicio profesional en nuestro gobierno y busca instancias legales para cabildear y favorecer a Roberto d’Aubuisson, es en su calidad de abogado a cambio de remuneración y NO representa la visión del gobierno», desmarcó Castro.

Agregó que las autoridades locales tecleñas no obedecen las resoluciones judiciales «y sigue la matonería de la impunidad», agregó.

PIDEN LA CAPTURA DEL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL

EL ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.

La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.

¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.

Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.

En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.

El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».

De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.

Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.

“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.

“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.

De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.

El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.

La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».