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Panel de evaluación definirá empresa para el voto en el exterior
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó ayer crear un panel que analice las ofertas que presentaron cuatro empresas, de entre las cuales se definirá a la que estará a cargo del sistema de votación desde el exterior para las elecciones generales de 2024.
Durante la sesión de trabajo extraordinaria desarrollada entre el lunes y martes, los magistrados también acordaron que la contratación de la empresa sea directa con competencia.
Un acuerdo previo era que se hiciera con contratación directa sin competencia, por la cercanía de la fecha límite para determinarla.
La magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez, explicó que cuatro empresas se van a evaluar con base en las ofertas que presentaron.
Detalló que estas cuatro empresas fueron las remitidas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Informáticos del TSE, con base en sus recomendaciones técnicas.
«Se retomó la lista corta que los técnicos analizaron y sugirieron al pleno, donde cuatro empresas entran a competir», agregó la titular del organismo electoral.
Los magistrados definieron que el panel evaluador revise las ofertas y determine cuál tiene mayor idoneidad para asumir el compromiso.
Este panel evaluador remitirá sus valoraciones al pleno de magistrados, y con base en ello se decidirá la mejor.
Por su parte, el magistrado Guillermo Wellman recordó que el plazo final para tomar la decisión es el próximo 3 de junio, lo que todavía da algunos días al tribunal.
«A los interesados en votar desde el extranjero se les va a explicar cómo va a ser el proceso de votación. Viene un momento que vamos a desplegar a nuestros equipos», agregó ayer Wellman en la entrevista Frente a Frente.
Posterior al 3 de junio, con la empresa y el sistema de votación ya establecido, los magistrados viajarán a diversas ciudades del mundo donde se encuentran salvadoreños para explicarles todos los detalles de las jornadas electorales que se tendrán en febrero y marzo de 2024.
El magistrado Noel Orellana coincidió con Wellman al decir en la entrevista Las Cosas Como Son que el TSE sí logrará definir a una empresa ejecutora del voto en el exterior antes de la fecha límite.
«Creo que el árbitro [TSE] debe dar muestras de tranquilidad y de la transparencia con la que estamos trabajando para evitar señalamiento el día de mañana. Soy optimista. Creería que antes del 3 de junio ya estaríamos anunciando a la empresa que trabajará el voto en el exterior», afirmó Orellana.
El organismo electoral actualmente está cotejando todos los pasaportes de salvadoreños radicados en el extranjero para determinar el total de votantes que tendrá el padrón; esta información fue proporcionada por la Dirección General de Migración y Extranjería y servirá para determinar la logística por implementar antes, durante y después de los comicios.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
