Judicial
Odontóloga es procesada por “mal procedimiento” a una paciente de 27 años
Una odontóloga es procesada por el delito de lesiones luego de realizarle un mal procedimiento a una de sus paciente que terminó perdiendo sus dientes después de varias semanas de sufrir intensos dolores. La profesional responsabilizó la actitud de la víctima quien durante el hecho dice que actuaba como si estuviera poseída.
La víctima de este caso necesitaba que le hiciera un arreglo en sus dientes debido a molestias que sentía en la boca; sin embargo, el problema se incrementó cuando la odontóloga comenzó su trabajo.
En su defensa, la imputada responsabilizó a su paciente de tener dientes deteriorados, además, alegó que ella mostró un comportamiento anormal que provocó el hecho que la tiene en el banquillo de los acusados.
Con 19 años de experiencia, Evelyn V., trabajaba en su propio consultorio ubicado en una residencial privada en Mejicanos. Una de sus clientes era Yanci, una joven de 27 años de edad que llegó a tratarse por las referencias que le dio su madre.
La mañana del 12 de junio, Yanci llegó al consultorio de Evelyn para someterse a un procedimiento en los dientes por el que había cancelado $700 y con el que esperaba poner fin a su padecimiento.
El trabajo a realizar consistía en quitar el material viejo a partir del desgaste del mismo hasta llegar a devastar el diente de porcelana en su totalidad para luego crear unos nuevos. Eran 13 piezas las que la víctima iba a recibir y por las que había dado un adelanto del 50%.
Habían pasado varios minutos de trabajo y Yanci comenzó a sentir un dolor agudo dentro de su boca. Le dijo que escupiría en un recipiente a su lado y para su sorpresa vio una gran cantidad de sangre; “Ella me dijo que es normal, siempre me decía ‘ya va a estar’. Ella hizo un mal trabajo”, relató la angustiada joven.
El dolor provocó que la mujer comenzara a llorar y a desesperarse, para su suerte la sesión se había terminado y la mujer pudo retirarse con un dolor que en un primer momento creyó sería momentáneo pero que se prolongó por cinco días. Su boca estaba tan dañada hasta el punto que no podía ingerir alimentos sólidos y tenía una grave infección.
El sábado 17 de junio, la mujer regresó para la siguiente cita donde le empezarían a colocar las nuevas piezas de porcelana. Antes de iniciar la sesión Yanci le comentó llorando lo que le había pasado. “Ella me dijo que era normal y ni siquiera me revisó (la boca)”, explicó.
La paciente no estaba dispuesta a soportar más dolor por lo que buscó la opinión de tres odontólogos que coincidieron que le habían hecho un mal procedimiento por lo cual le aconsejaron que denunciara por una mala praxis.
Actuó como poseída
Evelyn no supo de su paciente hasta que un mes después de haberla atendido recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer su versión de los hechos.
Ante las acusaciones, Evelyn se defendió diciendo que las molestias de Yanci eran por los dientes deteriorados que tenía antes de llegar a su consultorio debido a que estos eran de porcelana y ya no estaban bien.
“Cuando uno va limpiando (los dientes) de alguna manera se van desgastando… Tenía piezas anteriores que habían cambiado de color y habían sido reparadas varias veces”, justificó.
“Ella se movía, era un desosiego. Sentía que estaba trabajando con una niña de cuatro años. Cuando estaba colocando la prótesis pude comprobar que el comportamiento de ella era como de una persona poseída: ella comenzó a agarrarse la cabeza, se golpeaba contra el sillón.”, explicó la odontóloga.
El caso llegó a la última instancia y ahora será el juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador que determinara la situación jurídica de la mujer procesada por el delito de lesiones culposas.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
