Internacionales
Modelo Bukele contribuye a reducir índice de homicidios en Argentina
La aplicación del modelo Bukele en el área de seguridad en Argentina ha tenido como resultado una drástica disminución en la tasa de homicidios que la nación suramericana venía arrastrando los últimos 25 años, periodo en el que estuvo a punto de alcanzar los dos dígitos en dicho indicador.
«Es una gran inspiración para lo que estamos haciendo en Argentina», ha dicho sobre el modelo Bukele el ministro de Justicia de esa nación, Mariano Cúneo Libarona. Y es que esa «inspiración» los ha llevado a tener al cierre de 2024 una tasa de homicidios de 3.8 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un descenso del 50 % (3.8 puntos) respecto a la registrada en el año 2000, cuando fue de 7.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023 fue de 4.4.
El presidente argentino Javier Milei se mostró congratulado por la reducción significativa de los asesinatos en el país, y externó felicitaciones a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «@PatoBullrich felicitaciones por mejorar la calidad de vida de todos los argentinos de bien (esto es, salvo la de los delincuentes). Viva la libertad carajo», escribió en su cuenta en X.
La reacción del mandatario ocurrió tras conocerse información difundida por medios de prensa nacionales e internacionales que destacaban la caída drástica de la tasa de homicidios en los últimos 25 años en Argentina.
Milei, quien inició la gestión presidencial en diciembre de 2023, ha repetido que la mayor demanda de sus compatriotas «es bajar la inflación, y la otra es que terminemos con la inseguridad».
«La tasa de homicidios en la Argentina registró una fuerte caída en 2024, al ubicarse en 3.8 por cada 100,000 habitantes, la menor cifra desde el año 2000», suscribió en su sitio web la revista Infobae, añadiendo que «ese resultado dejó al país en segundo lugar en la región, detrás de El Salvador, que viene aplicando una política de extrema mano dura».
«Este logro demuestra que con decisión y políticas firmes, podemos vivir en un país más seguro», escribió por su parte en la misma red social la ministra Bullrich, reiterando que «bajamos la tasa de homicidios al 3.8 por cada 100,000 habitantes, la más baja desde que se tienen estadísticas», y recordando que «el año pasado, durante el gobierno kirchnerista, el número fue 4.4».
Bullrich visitó El Salvador en junio del año pasado, durante cuatro días, para conocer el método que emplea el gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas, el crimen común y organizado, y el narcotráfico.
«La ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios por cada 100,000 habitantes, pasó a tener 2 por cada 100,000», informó el gobierno argentino a razón de la visita.
Durante su visita la ministra se reunió con funcionarios del gabinete de seguridad pública del gobierno de Bukele, también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), entre otras actividades realizadas en el marco de su agenda que tenía como punto central el tema de la seguridad pública.
Con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, Bullrich suscribió luego un acuerdo de trabajo para fortalecer la lucha contra el crimen. «El acuerdo representa una alianza estratégica y un compromiso entre ambas naciones para unir esfuerzos en favor de la prevención de la violencia y enfrentar con firmeza a los grupos del crimen organizado», informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador.
Añadió que «como parte del trabajo conjunto a desarrollar se crearán espacios de análisis especializado para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir con efectividad a los grupos criminales».
El Salvador y Argentina firmaron en septiembre de 2024, durante la visita de Estado del presidente Bukele a esa nación, una serie de acuerdos en materia de seguridad pública. «Firmé un acuerdo histórico con El Salvador que refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo que venimos llevando adelante», informó Bullrich en X.
De acuerdo a registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de Argentina en el año 2001 la tasa de homicidios fue de 8.5, el siguiente año subió a 9.5, mientras que en el 2003 se ubicó en 7.8.
Revelan además que los años 2013 y 2014 hubo un alto índice de homicidios en Argentina, pues se ubicó en 7.5 y 7.6 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Luego se registraron una serie de fluctuaciones en dicho indicador de violencia homicida, siendo la tasa más baja de 4.2 y la más alta de 6.6 por cada 100,000 habitantes; hasta el año anterior que se redujo a 3.8.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
