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$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República.
«Te llamamos de parte de la Mara Salvatrucha, la onda que queremos una colaboración de $500, de lo contrario te vamos a matar, a tu familia o a vos», fue la exigencia que hizo un terrorista de la MS a la víctima, clave Marenco, en agosto de 2022.
El ofendido debía pagarles la extorsión el 3 de agosto de ese año en la residencial Versalles, de San Juan Opico, La Libertad, pero se había negado, según consta en el expediente judicial de Rodrigo Armando Rosales Portillo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por ese caso.
La investigación detalla que uno de los terroristas le detalló a la víctima que le volverían a llamar para indicarle la hora, el lugar exacto y quién sería el que llegaría a recoger el dinero de la extorsión.
El día de la entrega llegó otro pandillero a la casa de la víctima y le expresó: «Mirá, la onda está que para hoy a las 10 de la mañana, frente a la terminal de buses de aquí de Versalles, tenés que entregar el dinero». El ofendido preguntó quién lo recogería y el terrorista le indicó que llegaría un «cipote en bicicleta»; además recomendó que usara camisa y gorra negra.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades, quienes coordinaron una entrega controlada de dinero en el lugar establecido. El dispositivo estuvo compuesto por tres equipos: el primero era el investigador, quien entregó el paquete que simulaba la cantidad exigida por los extorsionistas; el segundo lo conformó una investigadora, que estaba dentro de un vehículo, ella vigiló y tomó las fotografías; mientras que el tres tuvo la labor de vigilancia, seguimiento y captura de los extorsionistas.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, puntualmente apareció Rosales Portillo a bordo de una bicicleta BMX y observó a todos lados de la terminal. El investigador entregó el dinero en un sobre blanco, el sujeto se lo guardó en la bolsa derecha del pantalón, tomó la bicicleta y se fue con rumbo sur por el bulevar Campos Elíseos, donde el equipo tres observó la entrega; los agentes se bajaron del vehículo, intervinieron al pandillero y lo capturaron en flagrancia por el delito de extorsión.
Los agentes se identificaron como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Ejecutaron un registro donde le encontraron el paquete que simulaba los $500, que consistía en un billete de $5 y recortes de periódicos. Además, le decomisaron un celular.
Tras un proceso penal donde Rosa les Portillo confesó su delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo sentenció por extorsión agravada.
«Yo me encontraba en el taller, mi lugar de trabajo en la residencial Versalles, cuando me llegó una llamada de un varón llamado Roberto, me dijo que si le podía ir a traer un dinero, yo en ese momento acepté, como una tontera, pero yo soy alguien estudiado y estoy consciente de lo que haría, no iba a ir a traer un vuelto de tortillas, estaba consciente de que iba a traer una extorsión, él me dice que vaya a traer la cantidad de $250», confesó el imputado.
«Iba a estar un hombre de negro y de gorra negra, quien me entregaría el dinero, acepté, y vengo y le digo a un compañero de trabajo que me preste su bicicleta, para ir a mi casa. A él no le di mayor explicación, la agarré [la bicicleta], llegué al punto de buses, encontré al varón, que anteriormente me había descrito Roberto. Me dijo: “Vos sos ” y yo le dije que sí. Me entregó el dinero, me subí a la bicicleta, salí de nuevo como para el taller, avancé unos cinco metros cuando la policía me atrapó», agregó.
La condena contra Rosales Portillo figura entre las 5,768 que la Fiscalía General de la República (FGR) logró en diferentes tribunales entre enero de 2020 y el 22 de febrero de 2026. La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con sus datos.
Entre esos años, 2021 fue cuando más sentencias alcanzó la FGR, con 1,055 condenas; 1,022, en 2024; 1,003, en 2023; 947, en 2025; 889, en 2022; mientras que en 2020 fueron 745.
La alta cifra de sentencias de 2023 y 2024 refleja los resultados del régimen de excepción, la herramienta legal con la que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde finales de marzo de 2022.
En noviembre de 2021, César Alexánder Cerna Catalán, pandillero de la 18, llegó en su bicicleta hasta el comercio de una víctima ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. En tono amenazante le dijo que era terrorista y que debía entregar $800 pues ya tenía varios meses en el negocio y no entregaba el dinero que le habían exigido anteriormente, por tanto, debía ponerse «al día», porque si no lo pagaba, lo matarían y a su familia.
La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y declaró que el pandillero llegó en una segunda ocasión a pedir la extorsión, pero él le dijo que no tenía debido a las malas ventas. En una tercera oportunidad, Cerna Catalán se hizo acompañar de otro pandillero, pero por temor, la víctima mantenía cerrado su negocio; los terroristas tocaron la puerta, pero no les abrió.
En 2022, el afectado reconoció al terrorista cuando llevaban a este último en una patrulla policial. Acudió a la justicia y presentó la noticia de la detención de Cerna Catalán, a quien responsabilizó de exigirle la extorsión a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia.
En agosto de ese mismo año, la víctima se presentó hasta la oficina del Equipo Local Antiextorsiones del Departamento de Investigaciones de Santa Ana, donde le mostraron las fotografías del sujeto.
Tras las investigaciones, en 2023 Cerna Catalán recibió una condena de 15 años de cárcel por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el delito de extorsión continuada
Un hombre de 60 años resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos sobre una escalera en el centro del distrito de Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 7ª calle poniente, entre la 6ª y 8ª avenida sur, donde la víctima cayó mientras desarrollaba sus labores.
Socorristas de la Cruz Azul Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para estabilizar al hombre.
Posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de Semana Santa.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.
Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.
