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2 de cada 5 cigarrillos que se consumen en El Salvador son de marcas ilegales
En El Salvador, la circulación de cigarrillos ilegales representó un 34% de total de cigarrillos que se consumieron en el país en 2022. En los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán, estos cigarrillos – que no pagan impuestos – representan el 56% y el 50% respectivamente, del total de cigarrillos que se consumieron. Así lo reveló la última investigación realizada por la firma Total Research Network S.A.
Bajo la metodología de recolección de paquetes de cigarrillos encontrados en las diferentes calles y lugares de alto tráfico en el país, se determinó la presencia de marcas ilegales, como Modern, Marvel, Richman Royal y THIS. La investigación fue desarrollada durante el tercer trimestre del 2022 en ocho zonas de El Salvador.
Según el coronel Carlos Avilés, experto técnico de seguridad de ADES: “El problema del comercio ilícito de cigarrillos tiene graves consecuencias para la seguridad del país. Generan pérdida fiscal, son productos que no tienen controles y genera un ambiente de inestabilidad ya que se relaciona con otras actividades delictivas como crimen organizado, trata de personas y narcotráfico.”
De acuerdo con la investigación, en el departamento de Santa Ana, el comercio ilícito de cigarrillos creció en el 2022 un 20% con respecto al año anterior. Esto significa que estas localidades se venden más cigarrillos ilegales (56%) que los que cuentan con permisos sanitarios y están debidamente registrados.
La marca que lidera el mercado ilegal de cigarrillos es Modern, acapara el 24.3% del total de cigarrillos que se consumieron en el 2022. Marvel y Richman Royal representan el 3.4% de total cada una. Por último, la marca THIS empieza a reflejar un patrón de crecimiento pasando de 0.3% en 2021 a 1.5% para 2022.
“La falta de controles, el ingreso de productos por varias vías y ambientes restrictivos o altamente impositivos en cuanto impuestos, por lo general tienden a favorecer la comercialización de productos ilegales. Es importante continuar los esfuerzos que se realizan para controlar esta problemática”, afirmó el coronel Avilés.
En lo que va de este 2023, como parte del Plan Anticontrabando, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron 79 cajas que contenían 790,000 cigarrillos de la marca Modern y tres vehículos, utilizados para el contrabando, en el municipio de Aguilares, San Salvador.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, estos cigarrillos ilegales están valorados en $188,880.04, solamente en este primer decomiso. El esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, permitirá reducir el daño del contrabando, brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
