Judicial
EXPLOTACIÓN: Mujer prostituía por $70 y $80 a una menor de edad en un centro comercial de San Salvador
La imputada cometió los hechos entre los años 2012 a 2013, periodo en el que llevaba a la afectada hasta el centro comercial y la entregaba a “sus clientes”, quienes les pagaban $70 y $80 a cambio de los servicios sexuales.
Johana Marcela Vaquerano permanecerá durante 10 años interna en el centro penal para mujeres, en Ilopango, luego de que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador le impusiera esa pena tras ser encontrada culpable de prostituir a una menor de edad en un centro comercial capitalino.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Delitos de Trata y Tráfico Ilegal de Personas, de la Fiscalía General de la República (FGR), la mujer cobraba diferentes cantidades de dinero a cambio de ofrecer los servicios sexuales de la víctima.
Por ello, el ministerio público señaló a Vaquerano de cometer el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en perjuicio de una menor bajo régimen de protección.
La imputada cometió los hechos entre los años 2012 a 2013, periodo en el que llevaba a la afectada hasta el centro comercial y la entregaba a “sus clientes”, quienes les pagaban $70 y $80 a cambio de los servicios sexuales.
Vaquerano se enteró que la FGR había girado una orden de captura en su contra, por lo que huyó hacia Estados Unidos de manera ilegal y se mantuvo prófuga de la justicia.
Tras varias indagaciones, elementos de la unidad especializada lograron informarse, en abril de 2018, que la mujer se encontraba detenida en el país norteamericano, por lo que luego de hacerse las coordinaciones pertinentes se logró su retorno al país.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
